La crisis en la atención de jubilados y pensionados en Córdoba alcanzó nuevos niveles de tensión política e institucional, cuando la Defensoría del Pueblo de la Provincia pidió la renuncia inmediata de toda la conducción del PAMI local. El defensor adjunto Carlos Galoppo denunció un deterioro sostenido en las prestaciones médicas, caracterizado por la falta de medicamentos, demoras en turnos, dificultades para acceder a estudios y tratamientos, y una situación crítica que impacta con mayor gravedad en pacientes oncológicos y personas que requieren intervenciones urgentes.
Según el organismo, la situación no solo refleja problemas de gestión sino también el impacto de un contexto nacional que viene «desfinanciando el sistema de salud». En ese marco, advirtieron que el PAMI, lejos de resolver las demandas, está agravando las condiciones de acceso a la atención médica de miles de afiliados. La situación es especialmente grave para los pacientes oncológicos y aquellas personas que requieren intervenciones urgentes.
La solicitud de renuncia del PAMI local no fue un planteo aislado, sino parte de una ofensiva política más amplia. El gobernador provincial Martín Llaryora endureció su postura frente al Gobierno nacional, pidiendo públicamente que la Nación «dé la cara» y garantice los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema. En un discurso con tono inusualmente confrontativo, Llaryora apuntó contra los responsables políticos del PAMI y cuestionó la falta de respuestas ante una problemática que afecta a uno de los sectores más vulnerables.
La ofensiva política busca exponer a los referentes libertarios en el territorio, en un contexto donde los jubilados aparecen como uno de los sectores más golpeados por el ajuste. Sin embargo, la situación de los afiliados sigue sin una resolución inmediata, con miles de adultos mayores que continúan enfrentando dificultades cotidianas para acceder a prestaciones básicas de salud.
La crisis del PAMI en Córdoba ha creado un clima político tenso y la situación no tiene claros los próximos pasos. La Defensoría del Pueblo de la Provincia seguirá trabajando para proteger los derechos de las personas mayores, mientras que el oficialismo provincial busca aprovechar la crisis política para fortalecer su posición en el escenario electoral.