Presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza del estacionamiento medido municipal en Córdoba

El legislador cordobés Agustín Spaccesi, integrante de La Libertad Avanza, ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la ordenanza que regula el Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) en la ciudad de Córdoba. A través de sus redes sociales, Spaccesi informó que la medida busca que la Justicia declare inválida la normativa aprobada por sectores del oficialismo y del juecismo.

Según expresó el dirigente, el esquema actual del estacionamiento medido implica un fuerte impacto económico para quienes utilizan diariamente sus vehículos. «Una persona que estaciona durante jornadas laborales completas podría llegar a destinar cerca de $200.000 mensuales solo para dejar el auto en la vía pública», sostuvo Spaccesi, aludiendo a la carga que supone este sistema para los ciudadanos.

Además, en la presentación judicial se cuestionan distintos puntos del sistema vigente. Entre los argumentos mencionados, se señala que existiría una superposición con otros tributos municipales, lo que generaría un pago excesivo y desproporcionado para muchos cordobeses. También se critica la actualización automática de la tarifa, que considera discriminatoria para aquellos ciudadanos que no pueden realizar pagos digitales, como adultos mayores o personas con discapacidad.

Spaccesi destacó que el ordenamiento urbano no debe transformarse en una carga excesiva para los ciudadanos. «La Constitución debe prevalecer por encima de cualquier ordenanza municipal», aseguró, al tiempo que reiteró su compromiso de seguir reclamando contra lo que considera un perjuicio para los vecinos de Córdoba.

En este sentido, el legislador sostiene que es necesario revisar y ajustar la normativa para que se adapte a las necesidades reales de los ciudadanos, sin generar una carga económica desproporcionada. La acción de inconstitucionalidad presentada por Spaccesi busca que la Justicia declare inválida la ordenanza actual y obligue a los sectores responsables a revisar y mejorar este sistema.