La Justicia del Reino Unido tomó la decisión de ordenar el congelamiento temporal de activos soberanos de la Argentina depositados en un banco de Londres, en el marco de la causa conocida como «Cupón PBI». La medida fue emitida por la Corte Suprema británica y alcanza a los fondos que el país mantiene en el Lloyds Bank, entidad que deberá inmovilizar los activos hasta el próximo martes 21 de abril, fecha en la que se celebrará una audiencia entre las partes.
La orden fue emitida para garantizar el cumplimiento de una sentencia que ya fue confirmada en todas las instancias judiciales del Reino Unido. El litigio tiene origen en 2019 y se centra en la modificación de la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) aplicada por el INDEC durante la gestión kirchnerista. Según los demandantes, ese cambio evitó el pago de intereses a los tenedores de cupones atados al crecimiento económico en distintos períodos.
En 2024, la Corte Suprema británica ratificó la condena contra la Argentina, que la obliga a abonar una indemnización cercana a los 1.800 millones de dólares con intereses. Desde entonces, los acreedores han impulsado diversas acciones judiciales para ejecutar el cobro, incluyendo pedidos de embargo y requerimientos de información sobre activos y concesiones energéticas del país.
La medida no es nueva, ya que la Justicia británica había ordenado meses atrás que el Estado argentino revele datos sobre cuentas y bienes susceptibles de ser embargados, en un intento por avanzar en la ejecución de la sentencia. Ahora, con el congelamiento temporal de los activos, se busca garantizar que no haya movimientos irregulares que impidan el cobro.
El caso del Cupón PBI se suma a otros frentes judiciales internacionales que enfrenta la Argentina, ya que también existen demandas abiertas en tribunales de Estados Unidos por la misma controversia vinculada a la manipulación de estadísticas públicas. La audiencia prevista para el 21 de abril será clave para definir los próximos pasos del proceso y el eventual avance sobre los activos argentinos en el exterior.
La decisión de la Justicia británica no ha sido bien recibida por parte del gobierno argentino, que ha rechazado las acusaciones de manipulación de estadísticas y ha manifestado su deseo de llegar a un acuerdo con los acreedores. Sin embargo, la medida busca garantizar el cumplimiento de la sentencia y evitar cualquier tipo de evasión o dilación. La audiencia del 21 de abril será crucial para definir el curso del proceso y el eventual cobro de la indemnización debido.
