En el marco de la comisión de Personas con Discapacidad y Accesibilidad Universal del Concejo capitalino, el concejal Martín Juez (Frente Cívico) llamó a rechazar la reforma al sistema de discapacidad impulsada por el Gobierno de Javier Milei. La medida, que modifica la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad y la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas, ha generado una gran controversia entre los aliados del oficialismo en Córdoba.
La presidente de la comisión, Mónica Rosales, manifestó su «profunda preocupación y rechazo» al proyecto, que según ella implica un cambio de paradigma al pasar de un sistema basado en la universalidad y la solidaridad a una lógica de mercado. La edil oficialista cuestionó la eliminación del Nomenclador Nacional, lo que permitiría a obras sociales y prepagas fijar aranceles de manera discrecional.
Rosales advirtió que esta medida rompe la referencia común, fragmenta el sistema y deja a prestadores y personas con discapacidad en una situación de extrema vulnerabilidad. También criticó la instauración de una incompatibilidad entre pensiones no contributivas y empleo formal, lo que según ella es «regresiva y discriminatoria».
En este sentido, Martín Juez, concejal del Frente Cívico y hermano de alguien con discapacidad, pidió explícitamente a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa. Aunque admitió que la discusión lo «incomoda profundamente» en su condición de aliado político del Gobierno nacional, el edil endureció su postura contra la reforma.
Los representantes del sector de personas con discapacidad también se expresaron en contra de la medida. Carolina Armeloni, presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de la Provincia de Córdoba (CAPREDIS), alertó sobre el desmantelamiento del sistema de prestaciones y el peligro de que las personas con discapacidad deban optar entre una pensión insuficiente o un empleo formal difícil de conseguir.
Verónica Prieto, directora del Centro de Día 5 Sentidos, describió un cuadro de instituciones «fundidas» y en retroceso, en un contexto donde el Estado no tiene estructura propia para atender a las personas con discapacidad. Leonardo Basconi, del Cottolengo Don Orione, cuestionó la falta de auditorías efectivas por parte de la Nación.
La reforma al sistema de discapacidad impulsada por el Gobierno de Milei ha desatado un debate acalorado en Córdoba, con representantes del sector de personas con discapacidad y legisladores expresando su preocupación y rechazo a la medida. La situación se tornó aún más compleja cuando Martín Juez, concejal del Frente Cívico y hermano de alguien con discapacidad, pidió explícitamente a los legisladores nacionales que rechacen la iniciativa.