Acuña destacó que la situación es «agónica» para las universidades, ya que no pueden sostener el sistema universitario debido a la falta de financiamiento. Instó al Poder Ejecutivo a cambiar su postura y abrir una mesa de diálogo con los sectores universitarios. «Hemos ido por todos los canales democráticos. Ahora esperamos que se vuelva a abrir una mesa de diálogo y el presidente, por cuarta vez que se realiza la marcha, no haga oídos sordos y alguien de su gabinete se haga cargo de la situación», dijo.
Por su parte, la legisladora radical Brenda Austin también apoyó la medida y defendió la postura del Poder Legislativo. Sostuvo que el objetivo es «dar un acompañamiento genuino de una realidad que no se le escapa a nadie» y destacó la pérdida del poder adquisitivo de los docentes universitarios, quienes han visto reducir su capacidad en un tercio.
Austin también rechazó las declaraciones del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien calificó la marcha como «destituyente». En lugar de eso, dijo que el Poder Ejecutivo no puede funcionar ignorando el resto de los poderes: legislativo y judicial. Finalmente, Austin defendió el manejo de los fondos y la transparencia institucional, recordando que las universidades se encuentran entre los organismos más auditados.
La aprobación del proyecto de declaración es un nuevo llamado a la acción para el Gobierno nacional, que ha sido criticado por su falta de compromiso con la situación de las universidades. La crisis financiera y el desfinanciamiento han llevado a muchos docentes universitarios a perder su capacidad adquisitiva y a enfrentar desafíos importantes en su labor.