La mañana del pasado jueves, el mandatario provincial Martín Llaryora y el diputado nacional Juan Schiaretti se unieron para respaldar el reclamo universitario que ha sido protagonista de debate en las últimas semanas. A través de sus redes sociales, Llaryora sostuvo que «la educación y la universidad pública son las herramientas más poderosas que tiene la sociedad para igualar oportunidades» y advirtió que el desfinanciamiento pone en riesgo el acceso al conocimiento y atenta contra la identidad misma de Córdoba. «Argentina se hizo grande gracias a la educación pública. No es posible construir un país mejor sin inversión en educación, ciencia y tecnología», expresó Llaryora, quien también llamó a los cordobeses a «unirse para defender» el sistema universitario.
Por su parte, Schiaretti manifestó su respaldo al reclamo universitario y cuestionó el ajuste impulsado por el Gobierno nacional. En una publicación en sus redes sociales, sostuvo que «apoyamos el justo reclamo de las universidades públicas ante el ajuste presupuestario y el recorte del financiamiento». El diputado nacional destacó que «la educación pública y gratuita es la inversión más grande que puede realizar un país por su futuro» y remarcó la necesidad de garantizar el acceso igualitario a la formación superior. «Defender el presupuesto universitario es defender que los hijos de familias de todos los estratos sociales puedan acceder a la educación y a un título con el que puedan transitar sus vidas con posibilidades de crecimiento», sostuvo.
La publicación de Schiaretti fue acompañada por dirigentes y legisladores cordobeses, entre ellos la senadora nacional Alejandra Vigo y los diputados nacionales Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge y Carolina Basualdo. La respuesta unánime de Llaryora y Schiaretti refleja el compromiso con la educación pública y universitaria en Córdoba, que consideran esencial para el desarrollo social y económico del país. La defensa del sistema universitario cordobés se ha convertido en una causa común entre los líderes políticos y sociales de la provincia, quienes consideran que el desfinanciamiento pone en riesgo no solo el acceso al conocimiento sino también la identidad cultural y social de la región.