La Legislatura de Córdoba se prepara para sancionar la denominada «Ley Joaquín», un proyecto impulsado por el gobierno provincial para reformar el Código Procesal Penal y crear un Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos. El proyecto, que contará con un respaldo amplio y consenso político, llegó al recinto legislativo después de ser despachado ayer en una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad y Legislación General.
La ley, que lleva el nombre del adolescente asesinado en Laboulaye en 2023 por otro menor, tiene como objetivo fortalecer el rol de la víctima sin alterar el equilibrio acusatorio ni las garantías constitucionales del imputado. El proyecto crea un régimen integral de protección de víctimas y modifica el Código Procesal Penal vigente desde 1991.
El objetivo es que los derechos de las víctimas sean «operativos y exigibles», y no meramente declarativos dentro de un expediente judicial. La ley garantiza el derecho de las víctimas a recibir información clara y comprensible, participar en instancias relevantes del proceso, acceder a asistencia integral y contar con medidas de protección para evitar situaciones de revictimización.
La Legislatura de Córdoba estará presentando la sesión ordinaria este jueves, después de haberse realizado una sesión especial impulsada por el PJ. Durante el debate en comisión, el oficialismo se mostró permeable a los aportes opositores, lo que terminó consolidando el consenso político alrededor del proyecto.
El presidente de la comisión de Seguridad, Juan Manuel Llamosas, destacó que el trabajo entre bloques permitió «compatibilizar distintas miradas» y avanzar en una reforma que calificó como «histórica» para el proceso penal cordobés. La legisladora del PJ, Brenda Austin, valoró especialmente la apertura del oficialismo para incorporar modificaciones al proyecto original.
La ley también contempla la posibilidad de que las víctimas puedan constituirse como querellantes aun cuando el acusado sea menor de edad, lo que generó ciertas críticas políticas. Sin embargo, el respaldo opositor no estuvo exento de apreciación por la dinámica del trabajo en comisión que arribó a un notable consenso.
La sanción de la «Ley Joaquín» representa el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por Llaryora durante la apertura de sesiones legislativas y busca mostrar capacidad de construir acuerdos en un tema sensible para la sociedad. El gobierno sostiene que el sistema penal ya contempla herramientas de intervención para las víctimas, pero reconoce que, en la práctica, persisten barreras de acceso, asimetrías de información y situaciones de revictimización que terminan erosionando la confianza ciudadana.