La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha publicado un informe que recomienda al Gobierno argentino adoptar medidas «con carácter urgente» para investigar los delitos de cohecho internacional, es decir, las denuncias de sobornos en casos de corrupción que involucren a funcionarios extranjeros. Aunque Argentina ha avanzado en la lucha contra el cohecho internacional, persiste un déficit estructural en la implementación del convenio y la protección de los denunciantes.
El informe destaca que el sistema de detección de este tipo de delitos internacionales carece de un marco legal que garantice la protección de los denunciantes y testigos, lo que genera preocupación sobre su eficacia, proporcionalidad y carácter disuasorio. Además, las causas judiciales de cohecho internacional en Argentina siguen experimentando retrasos, lo que plantea dificultades en materia de pruebas y de plazos de prescripción.
La OCDE también destacó la persistencia de una cultura de impunidad en el país, donde los casos que involucran delitos complejos a empresas son inexistentes. Hasta la fecha, ninguna persona jurídica ha sido investigada ni sancionada por cohecho internacional conforme a la Ley de Responsabilidad Empresaria.
A pesar de estos desafíos, el informe también destaca los avances que Argentina ha logrado en materia de cooperación e investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal y las instituciones judiciales han reforzado sus capacidades analíticas y han adoptado enfoques más proactivos en los casos de cohecho transnacional.
En cuanto a las recomendaciones, la OCDE instó al Gobierno argentino a aprobar un marco integral de protección de denunciantes tanto en el sector público como privado, acelerar la tramitación de los casos para evitar demoras indebidas y aplicar plenamente el Código Procesal Penal Federal en todas las jurisdicciones.
La OCDE también pidió reducir de manera sustancial las vacantes judiciales y la dependencia de jueces suplentes, lo que permitiría una mayor eficiencia en la justicia. Finalmente, instó a elevar las exigencias de las licitaciones públicas para evitar la corrupción.
El canciller Pablo Quirno celebró el informe como un hecho positivo y «un paso relevante hacia el acceso a la OCDE», pero reconoció que hay mucho trabajo por hacer para combatir la corrupción en Argentina.
