En un desarrollo que puede tener importantes consecuencias para el medio ambiente y la relación entre Argentina y Uruguay, el juez federal Hernán Viri ordenó esta semana una serie de medidas de prueba en el marco de una presentación civil contra el gobierno uruguayo y la multinacional HIF. La demanda se basó en un factor formal y otro material, argumentando que el país vecino no cumplió con la normativa del río Uruguay, un recurso compartido, y apuntó contra el eventual daño ambiental que podría provocar la planta que se instalará al norte de Paysandú, frente a la costa de Entre Ríos.
La acción judicial fue promovida por legisladores nacionales justicialistas, entre ellos los diputados Guillermo Michel y Laura Marclay, y el senador Adán Bahl. La decisión de Viri se conoció este viernes y establece que se deben realizar informes a las autoridades de la Comisión Administradora del río Uruguay (CARU), así como también a organismos estatales de Montevideo, entre ellos el Ministerio de Ambiente, el de Educación y el Banco Central. Además, se contratará a un perito biólogo de oficio para evaluar los posibles impactos ambientales del proyecto.
La CARU debe informar si las autoridades uruguayas le comunicaron el proyecto de planta y si la empresa presentó el estudio de impacto ambiental, mientras que se pidieron datos sobre la fecha de presentación y la solicitud de autorización ambiental previa de HIF, así como también el estudio ambiental previo. El magistrado también solicitó información sobre la realización de audiencias públicas en el proceso de evaluación del impacto de la planta.
Por otro lado, se pidieron datos sobre la empresa HIF Global y sus subsidiarias, incluyendo dirección legal, legajo societario y composición, así como también los beneficiarios finales de la firma. El Registro Nacional de Comercio y el Banco Central de Uruguay deben notificar estos datos.
El diputado Guillermo Michel, uno de los promovedores de la acción judicial, destacó que «la Justicia resolvió avanzar con la acción entendiendo que la normativa que surge de la Ley 25.675 de política ambiental nacional otorga la facultad al juez interviniente de disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso». «Entendemos que la resolución adoptada por la Justicia es fundamental para la defensa de las costas entrerrianas del río Uruguay», agregó.
La decisión del juez federal puede tener importantes implicaciones para la relación entre Argentina y Uruguay, ya que ambos países comparten el recurso del río Uruguay. La acción judicial también puede tener un impacto significativo en el medio ambiente y en el turismo en la región, ya que la planta se ubicaría frente al principal balneario de la ciudad.
