En un intento por impulsar un cambio en el proceso de selección de magistrados, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti han presentado un proyecto para modificar el reglamento que rige la elección de jueces en la Capital Federal. Aseguran que este cambio busca garantizar la transparencia en la elección de los magistrados, pero muchos ven con escepticismo esta iniciativa, ya que parece estar impulsada por el sector más concentrado del establishment.
De hecho, el G6, un grupo que aglutina a las principales corporaciones empresarias, ha brindado su apoyo inmediato al proyecto, lo que ha generado tensiones en el Consejo de la Magistratura. Según se informa, Lorenzetti y Rosenkrantz han comenzado a citar a los consejeros para reuniones individuales y personales, con el objetivo de persuadirlos de que no debatan ni modifiquen el proyecto que ellos redactaron.
La presión es tal que muchos consejeros se sienten apretados. «Nos citaron a declarar. No recuerdo una apretada así», bromeó un consejero en una entrevista. La falta de jueces y fiscales es uno de los mayores problemas que tiene la administración de justicia, y para subsanarlo, se han enviado al Senado 62 pliegos para cubrir parte de las más de 360 vacantes en la justicia.
Rosenkrantz, que actualmente se desempeña como jurado en el Concurso 527, es el responsable de impulsar este cambio. Sin embargo, sigue sin entregar su informe correspondiente al concurso, lo que ha generado críticas y preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
Ese concurso es para avanzar con un cargo clave en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la Capital. La presidenta del TSJ porteno, Inés Weinberg, también es parte del jurado, junto a Carlos Hugo Valdéz y Cintia Marcela Bayardi Martínez.
La falta de acción de Rosenkrantz ha generado tensiones y ha llevado a algunos a cuestionar su compromiso con la transparencia. De hecho, el reglamento del concurso prevé que si no se entrega el informe en un plazo razonable (más de 10 días), se perderán los honorarios estipulados y no podrás intervenir en ningún otro concurso por cuatro años.
La batalla por la transparencia en el Consejo de la Magistratura ha generado tensiones y desacuerdos, pero es fundamental para garantizar la justicia y la confianza en el sistema.
