Trabajadores judiciales piden excepción en el pago del estacionamiento medido

La implementación de la Ordenanza Municipal N° 13.645, que establece un sistema de estacionamiento medido y controlado en todo el territorio provincial, ha generado una nueva disputa entre los trabajadores judiciales y la municipalidad. La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) presentó un pedido formal ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que se exceptúen del pago de este sistema, argumentando que afecta directamente a los empleados judiciales y las personas que circulan diariamente por la zona.

La AGEPJ sostiene que la ordenanza en cuestión no contempló tarifas preferenciales para los trabajadores que deben asistir de forma presencial a los tribunales, lo que representa una carga económica adicional que reduce el poder adquisitivo y se traduce en una «detracción patrimonial indirecta» de los salarios. Además, el gremio alertó que esta medida no solo afecta a los empleados, sino también a las más de 3.000 personas (abogados, testigos, víctimas e imputados) que circulan diariamente por la zona.

En este sentido, la asociación gremial destacó dos puntos críticos que agravan la situación: por un lado, el cobro del estacionamiento representa una carga adicional para los empleados judiciales, quienes ya deben asistir a sus puestos de trabajo y no pueden permitirse el lujo de perder tiempo y recursos en el búsqueda de un lugar para estacionar; por otro lado, la falta de opciones de transporte o estacionamiento accesibles podría obligar a personas en situación de vulnerabilidad, como las víctimas e imputados que asisten al Fuero de Familia, a caminar largas distancias por zonas inseguras.

La AGEPJ solicitó al TSJ que interceda para lograr que se exceptúen del pago del estacionamiento medido y controlado para todo el personal judicial en las zonas aledañas a las dependencias provinciales. Finalmente, el gremio subrayó que asegurar el acceso económico y seguro a los tribunales es una responsabilidad institucional necesaria para garantizar la plena administración de justicia.

Hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia no ha emitido una respuesta oficial ante este pedido.