En un movimiento contundente, el Ejecutivo tucumano, liderado por Osvaldo Jaldo, ha cancelado varias expropiaciones en energía, logística y vivienda a través del Boletín Oficial. En apenas tres ediciones publicadas esta semana, la administración provincial ha dado de baja proyectos que llevaban años en carpeta, priorizando la liquidez inmediata de las arcas provinciales.
La desinversión se refiere a terrenos para construir 650 viviendas y una escuela en Cruz Alta, un proyecto que fue desactivado y permitió al Estado recuperar $483 millones que ya estaban depositados judicialmente. También se canceló la Estación Transformadora de El Espinillo, una obra energética que prometía potenciar el sistema para 275.000 tucumanos, y se devolvió a los empresarios las 159 hectáreas del Centro Multimodal de Cargas en Cevil Pozo, lo que evita un pago indemnizatorio estimado en $5.500 millones.
La rapidez con la que se han llevado a cabo estas decisiones ha despertado suspicacias en el arco político. Mientras algunos ven esta maniobra como un «uso eficiente de recursos», otros creen que se trata de una estrategia para despejar el camino hacia un año de recaudación récord que podría financiar la maquinaria política de cara a los comicios provinciales de 2027.
La concentración de estos decretos en los boletines de esta semana sugiere una estrategia de «limpieza» de pasivos de cara al futuro cercano. Al frenar estos procesos antes de que las sentencias queden firmes, el Ejecutivo no solo detiene la salida de capital, sino que recupera fondos ya comprometidos.
En este contexto, surge con fuerza una lectura política: la posibilidad de que el Gobierno esté configurando un «año calendario de recaudación plena». Este blindaje de la caja provincial podría ser el combustible necesario para poner en marcha la maquinaria electoral cuando se acerquen los comicios provinciales de 2027, transformando la desinversión de hoy en el capital político del mañana.
