El martes 21 de abril, el edificio de la Legislatura provincial en Córdoba se convertirá en un escenario crucial para los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro. En este espacio, ellos deberán defender su actuación en la investigación del asesinato de Nora Dalmasso, ocurrido el 25 de noviembre de 2006 en Río Cuarto. La audiencia pública es el resultado de una acusación que los involucra por presunto mal desempeño y negligencia grave en diversas etapas de la instrucción del caso.
La investigación, liderada por los fiscales mencionados, se centró en determinar quién había cometido el crimen. Sin embargo, según la acusación, su actuación no fue lo suficientemente efectiva para resolver el caso y llevar a los responsables ante la justicia. Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios tendrá la tarea de evaluar su desempeño y dictar un veredicto que podría tener importantes consecuencias para sus carreras profesionales.
La audiencia oral y pública se desarrollará en dos etapas. La primera, que comenzará el martes 21 de abril, se centrará en la recepción de testimonios de testigos y expertos en el caso. Esta fase se extenderá hasta el 27 de abril. Después, los fiscales tendrán oportunidad de presentar sus alegatos y las defensas deberán responder con sus propias argumentaciones.
El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por siete miembros, incluyendo a la presidenta y vicepresidenta de la Unicameral, Julieta Rinaldi. Los demás miembros son legisladores de diferentes partidos políticos y una vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Según el marco legal vigente, el fallo final deberá dictarse antes del 28 de mayo, cumpliendo con el plazo máximo de 60 días hábiles posteriores a la formulación de la acusación.
En caso de que se demuestre que los fiscales cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones o cometieron delitos, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá la facultad constitucional de removerlos de sus cargos. Este órgano es regido por la Ley Provincial 7.956 y se encarga de investigar y sancionar a los magistrados y funcionarios que infringen la ley o cometan faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
