El proyecto de ley sobre propiedad privada, que busca eliminar restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros y realizar cambios en la regulación de barrios populares, está a punto de ser debatido en el recinto legislativo. Sin embargo, hay sustanciales diferencias entre los bloques dialoguistas y la Libertad Avanza, lo que obliga al oficialismo a buscar acuerdos con las diferentes fuerzas políticas para aprobar esta iniciativa.
Aunque el proyecto, firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y todos sus ministros, elimina los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, estableciendo solo la necesidad de autorización cuando se trate de un país extranjero, hay bloques dialoguistas que objetan esta medida. Según fuentes ligadas al oficialismo, «por ahora no están los votos, se debe seguir conversando porque hay varios bloques que quieren hacer cambios». Por eso, hasta este domingo no se había convocado al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, presididas por los libertarios Agustín Coto y Nadia Márquez.
Una de las principales críticas al proyecto viene del senador Edith Terenzi, aliada del Gobierno y titular de la bancada de Despierta Chubut. Según ella, eliminar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros puede afectar negativamente a la provincia de Chubut, que tiene más de 200.000 km2 de superficie con zonas de amplio valor estratégico. «Me preocupa que sin límites cuantitativos para la propiedad de los extranjeros, el Gobierno provincial pierda el argumento legal de cuestionar la concentración de tierras en capitales foráneos», señaló.
En cuanto a la reforma de la Ley 27.453, que regula las expropiaciones y la regularización de tierras donde se encuentran los barrios populares, algunos bloques dialoguistas también objetan esta medida. Según ellos, limitar las expropiaciones hará más complicado seguir con la regularización de las tierras y puede generar una catarata de desalojos ya que se elimina la prohibición de la suspensión de desalojos por 10 años. También se suprime el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios.
En resumen, la propiedad privada es un tema dividido en el oficialismo y entre bloques, y solo a través de conversaciones y acuerdos se puede lograr aprobar esta iniciativa.
