La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en el que solicitó la nulidad absoluta de la sentencia dictada el 23 de abril y planteó, de forma subsidiaria, la revocatoria de esa resolución. La central obrera denunció que la intervención de dos jueces de la Sala VIII de ese cuerpo en el trámite de la causa que enfrenta a la CGT con el Estado por la reforma laboral es contraria a la ética y a la ley.
Según la CGT, la recusación de los jueces intervinientes se basa en que resultaron beneficiados recientemente por un trámite del Gobierno para extender su permanencia en el cargo más allá de los 75 años. La central obrera sostuvo que tanto el Ejecutivo como el magistrado actuaron en beneficio propio y mutuo, lo que afecta la imparcialidad requerida en todo proceso judicial.
Además, la CGT denunció la ausencia total de competencia funcional por parte de la Sala VIII para intervenir en el expediente, lo que genera una nulidad absoluta de la sentencia y deja a los trabajadores en «situación de vulnerabilidad». La central obrera también recusó a María Dora González, integrante de la Cámara, por prejuzgamiento.
La CGT argumentó que la Sala VIII intervino prematuramente y sin traslado oportuno, lo que privó a la organización de la posibilidad de advertir la incompetencia y obstaculizó la defensa efectiva. La central obrera sostuvo que no hay libertad ni discrecionalidad en la aplicación de la regla: es distributiva de competencia y vinculante para todas las Salas del Tribunal.
La CGT también denunció la contradicción en la jurisprudencia de la Sala VIII, recordando precedentes donde sí se reconoció la naturaleza alimentaria y la vulnerabilidad de trabajadores en el marco de medidas cautelares similares. Ahora, el tribunal habría adoptado el criterio opuesto, lo que configura arbitrariedad y prejuicio.
En apoyo de su postura, la CGT citó antecedentes en los que la misma Sala reconoció y corrigió errores procesales por falta de competencia o por afectación de derechos fundamentales. La central obrera sostuvo que la resolución judicial atacada involucra aspectos de naturaleza procesal, según los cuales, en caso de duda, debe estarse a la solución que más favorezca la protección de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso.
Finalmente, la CGT pidió que se remitan las actuaciones a la Sala I de la Cámara, se formalicen los procedimientos de recusación y se dé trámite al caso federal. La central obrera sostuvo que la aplicación inmediata de las normas cuestionadas irroga un daño de relevancia tanto para las asociaciones sindicales como para los trabajadores, especialmente en lo referido a la negociación colectiva, la libertad sindical y la protección ante despidos e indemnizaciones.
