El oficialismo presentó esta mañana, en el fuero Criminal y Correccional Federal, una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano (Coherencia) y su pareja, el abogado Franco Bindi, por «omisión maliciosa de datos en la declaración jurada patrimonial, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública, y enriquecimiento ilícito de funcionario público». La denuncia fue presentada por una quincena de diputados del oficialismo, liderados por Lilia Lemoine, Celeste Ponce y Santiago Santurio.
Según los denunciantes, Pagano omitió bienes propios al momento de asumir el cargo y los bienes de su conviviente Franco Agustín Bindi en sus declaraciones juradas patrimoniales. También se les acusa de presentar «declaraciones juradas patrimoniales sistemáticamente incompletas» y de intentar ocultar un crecimiento patrimonial que se atribuye al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La denuncia sostiene que Bindi está vinculado con funcionarios de Venezuela, Rusia y Bolivia, lo que podría indicar la posibilidad de que el enriquecimiento ilícito tenga financiamiento de origen extranjero. Además, se acusa a Pagano de no consignar precisiones en sus declaraciones juradas que, según los libertarios, tampoco cumple Adorni.
La presentación también incluye una acusación adicional contra Pagano: menciona a cuatro personas contratadas como personal de apoyo por la diputada en la Cámara baja, las relaciona con empresas de Bindi y presuntos agentes de inteligencia, y afirma que «una vez percibidos sus honorarios con fondos del erario público, estas personas habrían reintegrado total o parcialmente dichos montos» a Bindi y Pagano.
La denuncia penal se radicó en el fuero Criminal y Correccional Federal, considerado competente para investigar delitos cometidos por funcionarios nacionales en ejercicio de sus funciones. La situación se repite ante los bienes de Bindi, quien también es objeto de la acusación.
La denuncia contra Pagano y Bindi no deja en claro si se trata de una acción política o simplemente de una investigación sobre posibles delitos. Sin embargo, muchos ven este episodio como parte de la campaña electoral que se avecina y como un intento por parte del oficialismo para desestabilizar al bloque opositor.
La situación es delicada, ya que Pagano no estaba en la Cámara baja cuando Adorni inició su informe de gestión. Según indicaron a LA NACION cerca de la diputada, se trasladó a los tribunales federales de Comodoro Py «para aportar más elementos sobre el enriquecimiento ilícito» que se le atribuye al jefe de Gabinete.
La denuncia penal contra Pagano y Bindi es un nuevo capítulo en la campaña electoral que se avecina. La situación es compleja y puede afectar el equilibrio político en la Cámara baja.
