El caso de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en el que se han utilizado recursos públicos para beneficir a la familia, es un ejemplo flagrante de abuso de autoridad y despilfarro de fondos públicos. Según fuentes de la Casa Rosada, los Adorni habían disfrutado de la protección presidencial con objetivos «absolutamente chabacanos», incluso antes de que Adorni se convirtiera en jefe de Gabinete.
Una de las prácticas más sorprendentes fue el uso de los custodios para hacer de taxi para la familia. Según información exclusiva de La Política Online, Adorni y Angeletti habían asignado a los funcionarios encargados de su seguridad para realizar tareas cotidianas como llevar y traer a la empleada doméstica para hacer las compras, ir a buscar a los chicos a la escuela para llevarlos al club o hacer de remis para las amigas de Angeletti. «Convirtieron en Uber al personal policial que les puso Karina», resume un funcionario al tanto de la situación.
La protección presidencial se utilizaba también para realizar viajes a destinos lejanos, como México y Estados Unidos con sus hijos, según reveló La Política Online. Adorni incluso había asignado un Toyota Corolla negro a su uso personal, mientras que Angeletti recibía un Ford Focus. La generosidad de Karina, la jefa de Gabinete, tenía una explicación más primaria: «Adorni decía que tenía miedo», según fuentes.
La situación se convirtió en un tema de debate en la bancada peronista del Congreso, donde se sostuvo que Adorni había reducido al grado de chofer a los funcionarios encargados de su seguridad. Es importante destacar que Adorni y Angeletti no tienen relación alguna con el poder ejecutivo, y su situación es un ejemplo claro de la predilección de Karina por lo «runfla».
En resumen, el caso Adorni es un reflejo de la falta de transparencia y responsabilidad en el uso de recursos públicos. La protección presidencial se convirtió en una herramienta personal para beneficir a la familia Adorni, y no en un servicio público honesto y eficiente.
