El próximo martes, el tribunal colegiado de Cutral Có dictará sentencia sobre la causa que involucra la tragedia que costó la vida a Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara. Tras años de lucha de las familias de los víctimas, este momento es un triunfo para el colectivo que se negó a aceptar el «precio de la sangre» como parte del salario.
La causa ha sido marcadamente irregular desde su inicio. Originalmente, Rodrigo Arias, gerente general y socio de la empresa, figuraba entre los imputados. Sin embargo, antes de esta etapa logró acceder a una suspensión de juicio a prueba (probation), evitando así una eventual condena penal a cambio de cumplir determinadas condiciones y una reparación económica. De este modo, el juicio termina concentrándose sobre personal técnico y mandos medios de la planta, mientras quienes dirigían y obtenían ganancias de la operación empresarial quedan fuera del banquillo.
Los cinco imputados que llegan a sentencia son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Natalia González, técnica en Seguridad e Higiene; y Alfredo Novaro, auditor externo de la firma. Lo que el juicio ha dejado al descubierto no son «fallas técnicas», sino una política deliberada de desinversión criminal. La planta operaba bajo un régimen de negligencia estructural: ausencia de protocolos, instalaciones eléctricas incompatibles con áreas explosivas y auditorías de seguridad fraudulentas.
La fiscalía describe la operación como un «manejo a ciegas», desarmando además el recurrente intento de la defensa de victimizar a los operarios fallecidos. El rol del Sindicato de Petroleros Privados, bajo la conducción de Marcelo Rucci, ha sido el de un agente de contención y desmovilización. Tras la muerte de Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, la cúpula gremial limitó su acción a una medida de fuerza de apenas siete horas para descomprimir la tensión social, para luego sumirse en un silencio de casi cuatro años.
La dinámica evidencia la fractura entre los intereses de la dirigencia sindical y la base trabajadora que pone el cuerpo en los yacimientos. La funcionalidad del aparato estatal a los intereses extractivistas se observa con claridad en el contraste con el caso de Víctor Vázquez, operario de Rakiduamn fallecido meses antes en un pozo de YPF.
La justicia como conquista de la lucha
Que la causa NAO haya llegado a la instancia de sentencia oral y pública es una anomalía en un sistema diseñado para el archivo y el olvido. El artículo 186 del Código Penal (estrago doloso) no se aplica por voluntad propia de los magistrados, sino por la presión de un colectivo que se negó a aceptar el «precio de la sangre» como parte del salario.
La ausencia de la cúpula empresaria en el juicio refuerza la denuncia de las familias sobre una estructura judicial que tiende a blindar a quienes concentran el poder económico. Este juicio demuestra que la impunidad patronal es el estado inercial del sistema. Solo la organización independiente de las familias y la clase trabajadora tiene la capacidad de forzar al Estado a sentar a algunos responsables en el banquillo y romper parcialmente el pacto de silencio que suele rodear las muertes obreras.
El 12 de mayo no se juzga solo un incidente industrial; se juzga la pretensión del capital de disponer de la vida obrera sin consecuencias.
