La semana pasada, el gobierno de Milei presentó un proyecto de ley que pretende proteger la propiedad privada, pero en realidad acelera los desalojos y debilita el derecho a la ciudad en un país donde millones de personas viven sin acceso a la vivienda. El proyecto modifica cinco leyes clave relacionadas con expropiaciones, desalojos, regularización de barrios populares, tierras rurales y manejo del fuego.
En primer lugar, el proyecto elimina o debilita los instrumentos que permitían llevar a cabo la regularización de los barrios populares. La ley vigente establecía un conjunto de herramientas orientadas a garantizar la permanencia y avanzar en la regularización, pero este proyecto las modifica o elimina. Esto significa que las familias que viven en barrios populares pierden la estabilidad mínima que les brindaba la suspensión de los desalojos durante 10 años.
Además, el proyecto introduce cambios en los procedimientos de desalojo que los vuelven más rápidos y restrictivos en términos de defensa. Esto significa que las familias que viven en barrios populares se ven afectadas negativamente, ya que no tienen acceso a las protecciones que existían anteriormente.
En segundo lugar, el proyecto introduce modificaciones que impactan directamente en los tiempos y condiciones de los desalojos establecidos en el Código Civil y Comercial. Se establece un procedimiento sumarísimo para saldar deudas antes de habilitar el inicio del desalojo, lo que puede dejar a las familias sin vivienda en menos tiempo.
En tercer lugar, el proyecto se centra en proteger la propiedad privada y no prioriza el acceso a la vivienda como derecho humano fundamental. La propiedad privada es un concepto importante, pero no debe ser prioritario sobre la vida de las personas y la naturaleza.
Finalmente, el proyecto no contempla la situación de los hogares inquilinos, que crecen sostenidamente en el país. En muchos casos, una parte significativa del salario se destina al pago del alquiler y los servicios, lo que puede dejar a las familias en situaciones precarias.
En resumen, el proyecto de ley de Milei acelera desalojos y debilita el derecho a la ciudad en un país donde millones de personas viven sin acceso a la vivienda. Es importante defender la función social de la vivienda y garantizar que todas las personas tengan un techo. No podemos acostumbrarnos a que haya personas viviendo en la calle o con temor a perder su hogar, mientras en las ciudades tenemos miles de viviendas vacías.
La discusión no es solo sobre propiedad privada, sino sobre quién puede habitar la Ciudad y en qué condiciones. La propiedad privada es un concepto importante, pero no debe ser prioritario sobre la vida de las personas y la naturaleza. Es necesario afectar los intereses de los grandes propietarios y especuladores para garantizar el acceso al suelo y a la vivienda.
Esperamos que este proyecto de ley sea revaluado y modificado para proteger los derechos humanos fundamentales, especialmente el derecho a la vivienda.
