La comunidad de La Falda se enfrenta a una situación fiscal complicada, resultado del ejercicio financiero de 2026. A pesar de que la ordenanza de presupuesto estableció un aumento del 29% para la tasa básica de Servicios a la Propiedad durante el primer semestre, lo cierto es que la carga tributaria se ha vuelto más profunda y compleja de desglosar para los contribuyentes. La denominada Tasa de Servicios a la Propiedad ya no es solo una contraprestación directa por servicios municipales, sino una plataforma de financiamiento para diversas carteras municipales mediante un sistema de recargos que alcanzan un 49% adicional sobre la tasa base.
Para los residentes de La Falda, el escenario fiscal se ha vuelto cada vez más complicado. La boleta municipal se ha convertido en un laberinto recaudatorio donde el destino del dinero se atomiza en fondos específicos de difícil seguimiento ciudadano. Un 20% de la tasa básica va al Sistema de Salud, otro 20% al Fondo de Prevención Ciudadana, un 5% al Fondo de Obras Públicas (FOP) y un 4% a Bomberos Voluntarios, sin contar el cargo fijo de $516.00 para el Fondo de Seguridad Familiar. La suma total puede llegar a $1548.00 si no se encuentra adherido al sistema digital, lo que representa una penalización de más del triple para quienes carecen de acceso tecnológico.
La situación se vuelve aún más polémica cuando se analiza la transparencia en la gestión de estos recursos. La área de Recursos Humanos ha reconocido internamente la necesidad de realizar una «revisión integral del régimen de adicionales» para establecer criterios uniformes y evitar discrecionalidades en la asignación de suplementos salariales. Sin embargo, para los vecinos de La Falda, que soportan la carga del 49% en recargos porcentuales, esta admisión de discrecionalidad interna refuerza la percepción de un sistema donde el esfuerzo del contribuyente no siempre se traduce de manera eficiente en beneficios comunitarios.
En este momento, los residentes de La Falda debaten sobre cómo se ha institucionalizado una red de cobros adicionales que financia drones e influencers mientras la administración municipal admite que su estructura de gastos internos carece de la transparencia necesaria para garantizar que cada peso recaudado se aleje de la arbitrariedad política. La situación fiscal en La Falda no es solo un asunto de números y porcentajes, sino una cuestión ética y administrativa que requiere una revisión integral y transparente para asegurar que el dinero de los contribuyentes sea utilizado de manera eficiente y justa.
