En lo que se considera uno de los casos más graves de abuso de poder y persecución laboral en la historia reciente de la ciudad, la Justicia se entrompió en las oficinas del municipio para secuestrar documentación relacionada con sumarios administrativos, expedientes internos y legajos de empleados. La medida respondió a denuncias presentadas por trabajadores y contratados que aseguran haber sido víctimas de arbitrariedades laborales, sanciones injustificadas y supuestas «causas armadas» para justificar despidos dentro de la gestión del intendente Fernando Rambaldi.
La investigación avanza en diferentes frentes. En un lado, se está investigando el caso de un empleado municipal de planta permanente que trabajaba desde hacía años en el área de recolección de residuos y que terminó siendo cesanteado bajo acusaciones de robo de combustible. Según la denuncia presentada por sus abogados, el sumario administrativo que derivó en su despido habría sido construido con documentación falsa y testimonios manipulados.
En otro sentido, se está investigando la situación de varios empleados del área de monitoreo y call center municipal, algunos con más de veinte años de antigüedad y sin antecedentes disciplinarios. Los trabajadores aseguran que comenzaron a sufrir hostigamientos, informes negativos y acusaciones internas luego de ser trasladados de funciones durante el año pasado.
La Fiscalía derivó los expedientes al Fuero Penal Económico debido a la gravedad de los hechos y a la posible existencia de delitos vinculados al uso irregular de funciones públicas. Ahora, la Justicia intenta determinar si existieron maniobras deliberadas dentro del municipio para fabricar pruebas, alterar documentación o utilizar el aparato administrativo como herramienta para desplazar trabajadores.
La presentación judicial también apunta contra funcionarios municipales de distintas áreas, incluyendo al asesor letrado del municipio, al secretario de Infraestructura y al propio intendente Rambaldi. Los abogados denunciantes aseguran que hubo una concentración irregular de funciones dentro del proceso administrativo y cuestionan la legalidad de los procedimientos utilizados para aplicar sanciones y cesantías.
La situación generó un fuerte impacto político y social en La Calera, especialmente entre empleados municipales y vecinos que siguen de cerca el conflicto. La documentación secuestrada durante los allanamientos será ahora analizada por la Justicia para determinar si los expedientes administrativos fueron confeccionados de manera legal o si existieron irregularidades destinadas a perjudicar laboralmente a empleados municipales.
Mientras tanto, la gestión municipal rechaza completamente las acusaciones y asegura que las investigaciones internas forman parte de un proceso de ordenamiento iniciado tras asumir el gobierno local. Funcionarios de la administración Rambaldi sostienen que encontraron numerosas irregularidades heredadas de la gestión anterior y que los sumarios administrativos responden a hechos concretos detectados mediante auditorías y controles internos.
La investigación recién comienza, pero el caso ya generó una fuerte repercusión política en La Calera y promete seguir sumando tensión en las próximas semanas.
