La tensión en el mundo académico argentino alcanzó un nuevo nivel al día de ayer, cuando el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lanzó duras críticas contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), acusándola de buscar el monopolio de las partidas destinadas a los centros de salud universitarios de todo el país. Según Álvarez, la institución pretende obtener $75.000 millones, lo que representaría el 95% del presupuesto total disponible para dichos hospitales.
El funcionario calificó el conflicto como una «extorsión política» dirigida por el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, y sostuvo que si se cumplen las pretensiones de la universidad, solo quedarían $4.000 millones para distribuir entre el resto de los hospitales universitarios del interior. Álvarez señaló que la Universidad Nacional de Cuyo, por ejemplo, requiere por sí sola unos $2.400 millones.
En un tono crítico, Álvarez denunció que la UBA está generando «pánico» para extorsionar al Gobierno y obtener más fondos. «Sacan a los médicos a la calle, hablan de pacientes oncológicos sin atención y generan pánico para extorsionar al Gobierno», sentenció.
Por su parte, la UBA ratificó la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo, en reclamo por la falta de ejecución de la ley de Financiamiento Universitario. El vicerrector de la universidad, Emiliano Yacobitti, desmintió las afirmaciones oficiales y aseguró que el Gobierno intenta confundir a la opinión pública para desprestigiar la protesta.
Yacobitti sostuvo que el Ministerio de Capital Humano reconoce tener aprobada una partida de $80.000 millones que aún no ha sido enviada a ninguna institución. «La partida que tiene aprobada para hospitales universitarios es una partida que el Gobierno propuso en un presupuesto que se votó y reconoce que no cumplió», declaró.
El vicerrector también comparó el monto en disputa con la recaudación perdida por la baja de impuestos a los vehículos de lujo, acusando al Ejecutivo de no creer en el sistema de educación pública. «La UBA y el CIN convocan a una concentración para el martes 12 de mayo a las 17:00 en Plaza de Mayo», anunció, bajo el lema «Marcha federal por la educación, la universidad pública y la ciencia nacional».
La protesta busca exigir una recomposición salarial urgente y la plena vigencia de la ley de Financiamiento. La unidad entre la UBA y el CIN amplifica el impacto de la movilización, en un escenario donde el Gobierno busca instalar una narrativa de falta de transparencia antes de que las universidades retomen el protagonismo en la agenda pública.
En este contexto, los hospitales universitarios están en alerta por la falta de fondos, lo que genera inquietud entre los profesionales de la salud y los estudiantes. La situación es particularmente grave en Córdoba, donde se han reportado retrasos en la atención médica y problemas para abastecer a los pacientes con medicamentos y tratamientos.
La tensión política y social que rodea este conflicto puede tener consecuencias significativas en el futuro de la educación pública argentina.
