En un giro sorprendente, la Cancillería argentina ha decidido dejar bajo reserva el capítulo II del tratado internacional de patentes (PCT), que había generado polémica en las filas del oficialismo y entre los sectores empresariales nacionales. El movimiento se produce después de que la industria farmacéutica local, representada por CILFA y COOPERALA, ejerciera un fuerte lobby para proteger la producción nacional de medicamentos genéricos.
El oficialismo había planeado avanzar con la firma del dictamen del proyecto de adhesión al tratado internacional de patentes en un plenario de comisiones previsto para mañana. Sin embargo, el lobby farmacéutico local logró convencer a los responsables políticos de que era necesario proteger la competencia local y evitar que las multinacionales extranjeras patentaran con mayor facilidad.
El tratado de cooperación internacional, firmado originalmente en 1998, busca simplificar el registro de patentes en un solo trámite, lo que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos. Sin embargo, la adhesión argentina al tratado también podría permitir que multinacionales extranjeras patentaran con mayor facilidad, lo que podría perjudicar a la competencia local y encarecer los costos para el sistema de salud.
La decisión de dejar bajo reserva el capítulo II del tratado implica que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero manteniendo el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos. Esto podría evitar que la producción nacional de medicamentos genéricos sea afectada negativamente por la competencia extranjera.
A pesar de la decisión tomada, la ley no podrá entrar en vigor hasta que sea aprobada por el Senado y luego por la Cámara de Diputados. El plazo máximo para la entrada en vigencia de la ley es el 30 de abril, fecha límite establecida por la administración de Donald Trump.
La decisión de la Cancillería argentina ha sido objeto de críticas y acusaciones de quebrar con los compromisos internacionales del país. Sin embargo, los defensores de la medida argumentan que es necesario proteger la competencia local y evitar que las multinacionales extranjeras dominen el mercado de medicamentos genéricos.
En definitiva, la decisión tomada por la Cancillería argentina refleja un compromiso entre la necesidad de adaptarse a los acuerdos internacionales y la necesidad de proteger la competencia local. La medida tendrá importantes implicaciones para el sistema de salud argentino y para las empresas farmacéuticas nacionales.
