La sala Tito Pousa se convirtió en el escenario donde el intendente de La Falda, Javier Dieminger, presentó los lineamientos de lo que se pretende sea la nueva Ordenanza de Patrimonio Cultural y Natural de la ciudad. Sin embargo, más allá del discurso oficial, la iniciativa generó más interrogantes que certezas sobre su implementación futura y el impacto en la comunidad.
Aunque se presenta como un proyecto para el sostenimiento de la identidad local, la ordenanza deja entrever tensiones políticas no resueltas, especialmente en lo que respecta al histórico Chalet Miramontes, cuya situación ha evidenciado una falta de coordinación entre el Concejo Deliberante, el Poder Ejecutivo y la Junta de Historia. Resulta paradójico que se proponga una «ordenanza marco» para regular la totalidad de la ciudad cuando todavía no existe una resolución definitiva sobre uno de sus emblemas patrimoniales más significativos.
Uno de los puntos que genera mayor inquietud jurídica es la interpretación de las autoridades sobre la jerarquía de las normas que regirán estos convenios. Según las declaraciones del mandatario, tanto la ordenanza general como los convenios específicos con los propietarios tendrían la misma relevancia legal, lo que podría colisionar con los principios básicos del derecho administrativo.
La ordenanza también establece compensaciones económicas para los dueños de estas propiedades, pero de manera subjetiva y no objetiva. Esto plantea el riesgo de que el interés histórico quede subordinado a la capacidad económica del titular o a la voluntad política del gobierno de turno para otorgar beneficios.
Además, se estima que solo unas diez propiedades en toda La Falda terminarían efectivamente bajo este régimen de protección, lo que sugiere que la ordenanza no está diseñada para una verdadera política de Estado sobre el patrimonio, sino más bien para situaciones puntuales.
El enfoque del proyecto también parece estar fuertemente inclinado hacia la explotación comercial, mencionándose de manera explícita que los dueños podrían transformar estas casas históricas en hoteles boutique como un «proceso virtuoso» para obtener rédito económico. Esta visión empresarial del patrimonio puede garantizar la conservación edilicia, pero deja un vacío sobre qué sucederá con aquellos espacios de alto valor cultural que no posean un potencial comercial inmediato o que simplemente no encajen en el modelo de negocio turístico.
Por último, la ordenanza intenta abarcar también el patrimonio natural, incluyendo regulaciones para zonas rojas y amarillas de protección ambiental. Sin embargo, lo hace sobre un terreno legal todavía inestable, ya que las delimitaciones aún se están trabajando a nivel provincial.
En este escenario, lo que se presenta como una herramienta para fortalecer la identidad de La Falda termina dejando a la comunidad con más preguntas que certezas sobre quiénes serán los verdaderos beneficiarios de estas regulaciones y si el patrimonio de todos terminará siendo decidido en acuerdos cerrados de oficina.
