La Sala IV de Casación Federal confirmó ayer el decomiso de 111 bienes vinculados a Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez. La decisión fue adoptada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que «los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados». Esta medida tiene como objetivo recuperar activos vinculados a delitos contra la administración pública.
La resolución confirma el criterio aplicado previamente por el Tribunal Oral Federal N°2, que había dispuesto avanzar sobre bienes de los condenados y de terceros vinculados al patrimonio investigado. En total, 80 propiedades corresponden a Báez, mientras que 19 figuran a nombre de Máximo y Florencia Kirchner. Otro inmueble está registrado directamente a nombre de Cristina Kirchner.
Entre los bienes alcanzados se encuentran el hotel Los Sauces Casa Patagónica, en El Calafate, y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Báez. Las defensas habían cuestionado que la medida incluyera activos considerados de origen lícito o propiedades adquiridas antes de los hechos investigados. Sin embargo, Casación respaldó la postura del fiscal Mario Villar y sostuvo que el decomiso constituye «un deber del Estado» para recuperar activos vinculados a delitos contra la administración pública.
La medida tiene un impacto significativo, ya que se estima que el valor total de los bienes decomisados asciende a más de $685 mil millones. La decisión es el resultado de una larga batalla judicial entre las partes involucradas y la justicia federal. La Sala IV de Casación Federal confirmó ayer el fallo, lo que significa que la ejecución del decomiso puede proseguir sin obstáculos.
En este sentido, la medida tiene como objetivo recuperar activos vinculados a delitos contra la administración pública y revertir los beneficios ilícitos obtenidos por la familia Kirchner y Lázaro Báez. La justicia federal busca así restablecer el equilibrio y aplicar la ley en el marco de la causa Vialidad.
