La Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia enfrenta un cambio importante esta semana, cuando Joaquín Mogaburu dejará su cargo después de apenas tres meses y será reemplazado por Leonardo Szuchet, un abogado penalista con experiencia en el área. Según fuentes oficiales, el relevo se produce en el marco de la reconfiguración impulsada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien busca consolidar un equipo propio en áreas clave tras su reciente asunción.
Szuchet, que ya había ocupado puestos en el área durante la administración de Mauricio Macri, se desempeñó como jefe de gabinete de Claudio Avruj durante la gestión nacional de Cambiemos y fue director de atención a las víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Actualmente, es vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos.
La noticia se conoce días después del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar, en un contexto en el que se espera que no haya variaciones en la postura del Gobierno respecto a los derechos humanos. La semana pasada, se conoció la salida de un funcionario clave, Alejandro Melik, quien fue designado en diciembre de 2023 al frente de la Oficina Anticorrupción y finalmente renunció el pasado 27 de marzo.
En lugar de Melik, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal. Zangaro ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial y es docente en la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, se designó a Jimena Belén Capece como subsecretaria de Acceso a la Justicia, quien reemplazará a Tristán Arturo Corradini. La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio.
En resumen, los cambios en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia buscan consolidar un equipo propio en áreas clave y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.
