La noticia que circula en los pasillos del poder político es que el proyecto de reforma del Código Penal, trabajado durante dos años por Karina Milei y Juan Bautista Mahiques, quedó abandonado después de la primera reunión entre el ministro de Justicia, Mahiques, y Javier Milei. El cambio en la dirección del proyecto es significativo, ya que originalmente se enfocaba en subir las penas para los delitos de corrupción política, pero ahora se prioriza el aumento de penas para delitos comunes como robos, hurtos, entraderas y estafas.
La reforma abandonada incluía la propuesta de declarar impescriptibles los delitos de corrupción política, lo que era una clara muestra de la lucha contra la corrupción en el país. Sin embargo, según se informa, el nuevo texto presentado por Mahiques no tiene esta condición y, por el contrario, reduce las penas para los delitos de corrupción.
La modificación también introduce cambios en materia probatoria, limitando algunos mecanismos que permiten incorporar evidencia en las causas. Esto podría afectar la validez de pruebas clave y habilitar su nulidad, como en el caso Libra. Además, se revisan criterios sobre delitos de lesa humanidad, lo que abre la puerta a discusiones sobre su encuadre y alcance.
La oposición ha calificado la reforma como «recorta por arriba y endurece por abajo», ya que prioriza el castigo con mayor dureza para los delitos comunes mientras se hace la vista gorda ante la corrupción. El cambio es conceptual, y algunos juristas advierten que aunque no se modifican principios centrales como su imprescriptibilidad, sí se generan zonas grises en la interpretación que podrían ser utilizadas en planteos judiciales de los genocidas.
La discusión sobre la reforma está a punto de comenzar en el Congreso, y es claro que el giro en la lucha contra la corrupción tiene implicaciones importantes para el país.
