En Villa Carlos Paz, la decisión del intendente Esteban Avilés de descontarle el 50% de los haberes a concejales de la oposición por no asistir a una sesión especial ha generado polémica y preocupación. La medida, justificada como un gesto de austeridad para cuidar las arcas públicas, parece más bien un mensaje político que busca disciplinar a los adversarios y construir un relato sobre la irresponsabilidad de la oposición.
La sanción no es una decisión aislada ni administrativa. Es parte de una estrategia política que busca anticiparse al futuro y garantizarse centralidad en el poder. En 2027, año en que se iniciará un nuevo ciclo político, el oficialismo parece dispuesto a hacer todo lo necesario para consolidar su posición.
La lógica detrás la sanción es clara: el que no se alinea, paga. Pero hay algo más que esta decisión económica. Hay una construcción de enemigos y un discurso que busca justificar los castigos selectivos. La oposición, en este sentido, se convierte en el blanco ideal para empezar a polarizar y ordenar la tropa propia.
La sanción también tiene un impacto simbólico alto. Se vende como austeridad, pero opera como castigo selectivo. Y ahí es donde el discurso empieza a hacer ruido. Los concejales opositores perciben salarios cercanos a los $3.600.000 netos mensuales, definidos y votados bajo la propia lógica de la mayoría del oficialismo.
La ecuación es clara: no bajar sueldos, sí disciplinar. No ajustar hacia adentro, pero sí construir una épica de control hacia afuera. Una «moral selectiva» que sirve más para el relato que para la gestión.
En este contexto, la discusión ya no es quién gobierna, sino cómo se gobierna y hasta dónde se está dispuesto a llegar para seguir haciéndolo. En Carlos Paz, la pregunta es quién tiene el poder y cómo lo ejerce. Y ahí es donde la verdadera política comienza.
