La empresa teñidera Las Marías, reconocida por su producción de té y yerba mate, ha interpuesto una demanda contra el gobierno de Misiones y Corrientes, alegando que la aplicación de los anticipos de ingresos brutos (IIBB) es constitucionalmente cuestionable. Según la empresa, la provincia de Misiones le detrae un promedio mensual de $333 millones, lo que contrasta con los $2 millones que tiene que pagar como IIBB. Esto representa una diferencia de 17.105% y suma un importe mensual de pagos a cuenta de $598 millones.
Las Marías presentó en el caso judicial sus certificaciones contables, que demuestran que la aplicación de estos regímenes suma un importe anual de pagos a cuenta de $7.171 millones. Sin embargo, la empresa debe pagar solo $23 millones como IIBB. Esto significa que lo que la Provincia le haya retenido y percibido es el 30.718% de la obligación definitiva, equivalente a 307 años de impuestos adelantados.
La empresa también cuestionó que esta exacción le impidió realizar inversiones en Corrientes, donde había planeado expandir su producción yerbatera. Sin embargo, debido al «ilegítimo régimen de recaudación» de Misiones, Las Marías se vio obligada a suspender sus planes de inversión en la provincia.
Además, la empresa solicitó que Corrientes también intervenga en el expediente judicial, ya que las resoluciones tributarias cuestionadas afectan al sistema de liquidación de divisas. El gobierno correntino se presentó en el caso como «tercero», alegando que la política tributaria misionera «afecta su autonomía» y «anula o torna inocuos» sus planes yerbateros a corto, mediano y largo plazo.
La Provincia de Corrientes también postuló que la situación planteada genera riesgos en el sistema financiero provincial y otros de «gravedad institucional». La empresa expuso que hasta comienzos de 2025 había tenido excepciones que le alivianaban la carga fiscal, pero se cortaron de improviso. Por eso inició la demanda.
La Corte Suprema ya ha recibido el caso y está a punto de dictaminar sobre la constitucionalidad de los anticipos de ingresos brutos en Misiones y Corrientes. La Procuración General de la Nación había dictaminado que no se trata de un conflicto de competencia, sino que la Corte debe abocarse en el caso ya que hay una puja judicial que afecta a dos provincias.
