En un desarrollo que configura un caso sin precedentes en la historia reciente del país, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal argentina, denunciando la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional. Según la documentación presentada, se trataría de una organización apodada «La Compañía», integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
La denuncia sostiene que esta estructura habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan. El objetivo de esta estrategia, según Monastersky, sería influir en la opinión pública y generar desestabilización en el gobierno del presidente Alberto Fernández.
La denuncia también resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial. El abogado solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios.
Además, Monastersky exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados. La denuncia sostiene que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la «formación de la voluntad del electorado», en especial durante períodos electorales, afectando «la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático».
Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino. La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales.
Finalmente, Monastersky pide al tribunal que ordene una batería de medidas, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional.
La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial «intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos», debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.
