La Unicameral cordobesa ha experimentado un ajuste administrativo que, aunque no revoluciona el panorama político local, sí ha alterado la rutina interna de los legisladores y sus empleados. En apenas diez días, la decisión administrativa ha desatado un malestar generalizado que ya no distingue entre oficialismo y oposición.
La medida más sensible del ajuste es el recorte en los viáticos, con especial foco en los gastos de combustible. La Legislatura cordobesa había ejecutado $45,5 millones en la partida de provisiones internas en los primeros meses del año, lo que representa casi el 43% del presupuesto anual previsto para ese rubro.
El ajuste se hizo visible en las últimas semanas, cuando legisladores y empleados debieron recurrir a sus propios bolsillos para comprar café y leche. En al menos dos casos confirmados, los insumos comprados por los legisladores fueron devueltos por orden interna. La explicación fue que no se pueden utilizar las máquinas del proveedor sin autorización previa del Ministerio de Economía.
La tensión generada por el ajuste también se reflejó en la última sesión de la Legislatura, cuando se aprobó la ley que prohíbe limpiavidrios y endurece sanciones contra los «naranjitas ilegales». Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la demora de más de tres horas en el inicio del debate y un recinto vacío del lado oficialista.
La crítica al ajuste no solo es operativa, sino política. Según datos del portal de transparencia de la Provincia, el gasto en combustibles y lubricantes también registró un ritmo sostenido en el arranque del año. Entre febrero y marzo, la Unicameral ejecutó $51 millones sobre un presupuesto anual de $341,1 millones.
La inquietud generada por el ajuste ha llevado a parlamentarios de distintos espacios a cuestionar la administración de los recursos y a pedir una mayor transparencia en el manejo del presupuesto. La pregunta que se hace eco en los pasillos es: «¿en qué se gasta el presupuesto de la Legislatura?».
En este contexto, el ajuste en la Legislatura cordobesa no solo afecta la rutina interna de los legisladores y empleados, sino que también expone problemas más profundos relacionados con la administración de los recursos y la transparencia.