Se definió este miércoles por la noche en la Legislatura de Córdoba. Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro fueron destituidos de sus cargos después de un extenso debate.
Las definiciones del jurado fueron unánimes y estuvieron en línea con la acusación realizada por la Fiscal General Adjunta de la provincia, Bettina Croppi. En primer lugar, el jurado rechazó los planteos de nulidad del proceso que habían sido realizados por las defensas de los acusados.
Luego, se confirmó que Di Santo fue destituido de su cargo de fiscal de Instrucción y Familia (2º turno), con asiento en la ciudad de Río Cuarto, por negligencia grave y mal desempeño. Además, se lo inhabilitó para desempeñar cargos públicos en la Justicia Provincial.
Por su parte, Daniel Pedro Miralles fue destituido de su cargo de fiscal de Instrucción Múltiple, también con asiento en la ciudad de Río Cuarto, por negligencia grave y mal desempeño. También fue inhabilitado para desempeñar cargos en la Justicia Provincial.
Finalmente, se destituyó a Luis Roberto Pizarro de su cargo de fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Tercero, por negligencia grave y mal desempeño. Fue inhabilitado para desempeñar cargos en la Justicia Provincial.
Los fundamentos del fallo se conocerán el próximo 20 de mayo a las 9 de la mañana. El jurado estuvo presidido por la legisladora Julieta Rinaldi e integrado por sus pares Facundo Torres, Miguel Nicolás y Walter Gispert, así como la vocal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, Aída Tarditti.
Este fallo histórico en la Provincia tiene importantes implicaciones para el sistema judicial cordobés y para los habitantes de la región. La destitución de estos fiscales refleja la falta de eficiencia y transparencia en el proceso investigador, lo que afecta negativamente a las víctimas y sus familiares.
Esperamos que este fallo sea un punto de partida para un cambio positivo en la Provincia, y que los nuevos fiscales designados sean capaces de restablecer la confianza en el sistema judicial.