La jornada nacional de reclamo que se llevó a cabo este jueves en la ciudad de Córdoba fue testigo de la determinación y la lucha de organizaciones sociales, trabajadoras y trabajadores informales, jubilados y jubiladas por defender el salario social complementario. La movilización, que contó con la participación activa de cientos de personas, buscó presionar al gobierno para que cumpla con la sentencia dictada por la Justicia en relación con el programa Volver al Trabajo.
A finales de abril, la discontinuidad del programa había llevado a cientos de beneficiarios a las calles para frenar la disposición del gobierno de Javier Milei. La medida había sido tomada sin consultas previas ni explicaciones claras sobre los motivos que llevaron al Ministerio de Capital Humano a congelar el pago de la ayuda social, que desde enero de 2023 se encuentra estancada en $78.000. Para muchos beneficiarios, este programa es fundamental para generar un piso básico para poder subsistir, sobre todo en un contexto donde no se está encontrando trabajo formal y los alimentos suben cada vez más.
«Lo que está en discusión no solamente es el programa, sino si nos reconocen o no como trabajadores de un sector que claramente está siendo olvidado», sostuvo Javier, integrante de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), desde la movilización. «Este programa genera un piso básico para poder subsistir, sobre todo en este contexto donde no se está encontrando trabajo formal y los alimentos cada vez suben más», agregó.
La protesta culminó en la sede del PAMI, donde tuvo lugar una asamblea que permitió a los participantes expresar sus preocupaciones y demandas. A pesar de las dificultades que enfrentan, los manifestantes están decididos a no descansar hasta que se cumplan sus reivindicaciones. La lucha por la justicia social sigue en marcha en Córdoba, y solo el tiempo dirá si se logra un resultado favorable para aquellos que más lo necesitan.