En un fallo histórico, la Cámara del Trabajo de Córdboba declaró inconstitucional el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que modificaba la ley de modernización laboral y permitía a las empresas pagar indemnizaciones por despido en cuotas. Esta decisión judicial clave ha generado alivio entre los trabajadores y alarmas en el sector empresario. El fallo se dio en el marco de un juicio laboral y marca un precedente importante en el país, ya que frena uno de los cambios más polémicos introducidos por el gobierno nacional en materia de despidos.
Los jueces que dictaron la sentencia fundamentaron su decisión en principios constitucionales básicos. Según el fallo, el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo viola los derechos de los trabajadores por varias razones. En primer lugar, pagar una indemnización en cuotas en un contexto de alta inflación disuelve el poder de compra del dinero que el trabajador recibe para sostenerse tras perder su empleo. Además, la indemnización no es solo un cobro más, sino que tiene como fin cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia mientras consigue un nuevo empleo. Diferir su cobro afecta directamente esta subsistencia.
En segundo lugar, la sentencia sostiene que el artículo 277 viola el principio de progresividad, según el cual la Constitución Nacional y los tratados internacionales prohíben que las leyes laborales retrocedan en derechos ya adquiridos por los trabajadores. En tercer lugar, la posibilidad de que el empleador «financie» su deuda laboral a costa del trabajador despedido no resiste el análisis de constitucionalidad.
Fuentes judiciales consultadas explicaron que el espíritu del fallo cordobés es claro: la justicia ha reconocido que los derechos de los trabajadores son inviolables y que no pueden ser afectados por decisiones empresariales. La decisión también tiene implicaciones importantes para las empresas, ya que les obliga a revisar sus prácticas laborales y a considerar la viabilidad económica de pagar indemnizaciones en cuotas. En definitiva, el fallo es un golpe importante contra el Gobierno nacional y su política laboral, y abre la puerta a una nueva fase de lucha por los derechos de los trabajadores.