La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución enérgica el pasado 27 de abril, ordenando medidas urgentes para proteger la vida, integridad y salud del argentino Germán Giuliani, detenido en Venezuela desde mayo de 2025. La medida cautelar incluye la exigencia de que el régimen venezolano informe dónde se encuentra Giuliani, bajo qué condiciones permanece privado de su libertad y cuál es su estado de salud actual.
La resolución, identificada como Resolución 32/2026, fue adoptada después de que la Comisión concluyera que Giuliani atraviesa una situación de gravedad y urgencia, con riesgo de daño irreparable sobre sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. El organismo denunció las condiciones de detención como incompatibles con los estándares internacionales, destacando la incomunicación, el régimen extremo de privación de libertad y la falta de acceso a asistencia médica y jurídica.
La denuncia también incluyó testimonios de apremios físicos y coacciones. Según relatos, Giuliani habría sido sometido a interrogatorios intensivos, durante los cuales le mostraban fotos de dirigentes opositores venezolanos e intentaban que incriminara a referentes políticos. También se lo llevaron dos veces a un cuarto de tortura denominado «El Tigrito», donde fue colgado de las manos por más de tres horas y le echaban agua fría en su rostro.
La familia de Giuliani ha vivido una situación de incertidumbre y silencio oficial durante casi un año, lo que ha generado preocupación y alarmante en el ámbito internacional. La resolución de la CIDH busca presionar al régimen venezolano para que revele el paradero exacto de Giuliani, permita acceso a sus representantes y cumpla con las medidas ordenadas.
La atención internacional se centrará ahora en saber si el régimen venezolano cumplirá con la resolución de la CIDH y revelará el paradero exacto de Giuliani, permitirá acceso a sus representantes y garantizará condiciones humanas para su detención. La familia de Giuliani espera una respuesta rápida y efectiva del gobierno venezolano para que se pueda recuperar y llevar una vida normal.
