En un clima de profunda inquietud por el futuro habitacional de los sectores más vulnerables, la Iglesia Católica de Córdoba y la Mesa de Barrios Populares lanzaron una fuerte advertencia contra el proyecto de ley de «Inviolabilidad de la propiedad privada» impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional. La conferencia de prensa se desarrolló en la sede del Arzobispado de Córdoba y contó con la presencia del cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba; el padre Melchor López, vicario de los Pobres; Ayelén Cabaña, referente de la organización TECHO; y Débora Koraj, vecina de un barrio popular.
Los expositores coincidieron en que el proyecto gubernamental pretende desmantelar los pilares de la Ley 27.453, una normativa clave que ha permitido avanzar en la regularización dominial y la integración socio-urbana en todo el territorio nacional. De aprobarse esta nueva ley, se verían debilitadas herramientas fundamentales como la suspensión de desalojos y el acceso progresivo a servicios esenciales como el agua potable, la energía eléctrica, el saneamiento y una vivienda digna.
La preocupación reside en la modificación de aspectos centrales de la legislación vigente. Según se expuso en el encuentro, la actual Ley 27.453 es la que sostiene el andamiaje jurídico para que las comunidades en situación de pobreza puedan aspirar a un título de propiedad y a una urbanización real. En la provincia de Córdoba, se estima que más de 40 mil familias podrían verse directamente afectadas si se eliminan o debilitan estas protecciones.
La Iglesia Católica de Córdoba ha sido históricamente comprometida con los sectores excluidos y ha defendido la justicia social y ambiental. En este sentido, el cardenal Ángel Rossi enfocó su discurso en la dimensión ética y humana de la crisis. Con una mirada pastoral, el arzobispo vinculó la carencia habitacional con el sufrimiento más profundo de la sociedad actual.
El padre Melchor López repasó los logros alcanzados gracias a las políticas públicas que hoy están bajo amenaza. Recordó que el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) permitió identificar 6.467 barrios populares en todo el país, donde residen más de 5 millones de argentinos.
La conferencia de prensa no solo sirvió para discutir marcos legales, sino también para visibilizar el impacto concreto que el freno a las políticas de integración ya está teniendo en los barrios. Ayelén Cabaña compartió datos alarmantes sobre la situación actual: se han contabilizado 671 obras de urbanización paralizadas en todo el país.
La derogación o modificación de la Ley 27.453 quitaría el freno legal a estos procesos, desatando una crisis habitacional y social de proporciones impredecibles. Desde la perspectiva de quienes viven en estos barrios, Débora Koraj aportó su testimonio sobre la importancia de la organización comunitaria.
La jornada en el Arzobispado concluyó con un pedido unánime de las entidades convocantes: sostener y profundizar las políticas de integración urbana. El llamado final fue a continuar trabajando de manera conjunta por ciudades que no excluyan a sus habitantes más pobres, buscando asegurar oportunidades y condiciones dignas para todos los ciudadanos, sin distinción de su código postal.