La controversia sobre las denuncias del Tribunal de Cuentas de la Provincia, encabezado por la oposición, continúa generando polémica en el interior cordobés. Aunque el órgano fiscal ha sido relevante en su función de fiscalizar y denunciar irregularidades, algunos mandatarios y legisladores radicales han comenzado a cuestionar la motivación detrás de algunas de sus decisiones.
Entre los casos que generan inquietud está el del desagüe de 250 metros anunciado por el Gobernador Llaryora en junio pasado y rechazado por el Tribunal de Cuentas. La obra, necesaria para resolver problemas de inundación en la ciudad de Río Primero, no avanzó debido al veto del órgano fiscal, a pesar de que se trató de un proyecto conjunto con la administración local. En la actualidad, se está llevando adelante una subasta inversa con el fin de concretar el desagüe.
Otro ejemplo es el caso del desvío de tránsito pesado en Oncativo, rechazado también por el Tribunal de Cuentas, así como varias obras gestionadas por intendentes y legisladores radicales. La pregunta que se hace es si el Tribunal de Cuentas está actuando de manera discriminatoria al rechazar algunas obras mientras denuncia otras.
Algunos altos dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) consultados por nuestra redacción coinciden en que el Tribunal de Cuentas no ha sido consistente en su función fiscalizadora. Según ellos, el órgano fiscal rechaza obras por supuestos sobreprecios, pero no realiza denuncias como si lo hicieran con otros expedientes enviados por el Ejecutivo Provincial.
La cuestión planteada es si existe un acuerdo entre la provincia y los tribunos del Frente Cívico para frenar las obras emprendidas por el radicalismo. La respuesta es incierta, pero lo que está claro es que la controversia genera inquietud en el interior cordobés y plantea cuestiones sobre la transparencia y el sentido de justicia fiscal en la provincia.