En el marco de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante de Córdoba, presidida por Sergio Piguillém (UCR), se ha iniciado el tratamiento de un proyecto de ordenanza que propone prohibir el uso de teléfonos celulares y dispositivos digitales personales en las escuelas primarias de gestión municipal. La medida abarca el tiempo dentro del aula y se extiende a recreos, comedores, actos escolares y cualquier otra actividad dentro del establecimiento durante el horario escolar.
La concejal Soher El Sukaría (PRO), miembro de la comisión que promueve esta ordenanza, manifestó su preocupación por la violencia, las armas en las escuelas y la vulnerabilidad de los niños que son atraídos por las redes de violencia. «La semana pasada participaron funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes compartieron los resultados positivos de una experiencia similar que ya lleva un año de implementación», destacó en diálogo con Hoy Día Córdoba.
Además, la concejal informó que en la jornada de ayer participó la Lic. en Psicopedagogía Liliana González, quien se explayó sobre la necesidad de intervenir desde temprana edad debido a las consecuencias negativas -físicas, sociales y emocionales- y el impacto en la lectocomprensión que genera el uso excesivo de pantallas. También confirmó la presencia de funcionarias del área de Educación de la Municipalidad de Córdoba, quienes presentaron un informe técnico.
El concejal Piguillém subrayó la urgencia de la medida, señalando que en Córdoba se ha sumado un «combo nocivo»: el acceso a plataformas de juego y apuestas online desde los bancos de las aulas. «Como docentes en escuelas públicas sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de urgencias. Necesitamos proteger a nuestros educadores y convocar a las familias», afirmó, resaltando la importancia de buscar soluciones basadas en evidencia científica.
La propuesta se sustenta en estudios internacionales que asocian el uso irrestricto de dispositivos con una menor concentración y el debilitamiento de la interacción social entre pares. No obstante, la normativa no desconoce el valor de la tecnología y prevé excepciones cuando el dispositivo sea requerido por el docente con fines pedagógicos planificados, por razones de salud acreditadas o en situaciones excepcionales autorizadas por los directivos.
De aprobarse la ordenanza, las escuelas tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus reglamentos internos y comunicar los cambios a la comunidad educativa.