La senadora nacional por Córdoba, Alejandra Vigo, presentó en el Senado un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la situación del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), en particular ante los cortes de atención médica que afectan a afiliados en todo el país. La medida se da en un contexto de fuerte conflictividad en el sector, después de que la Asociación de Profesionales del PAMI y Afines (APPAMIA) y la Asociación Médica de la República Argentina (AMRA) anunciaron un paro nacional de médicos de cabecera por 72 horas, comenzando este martes.
La protesta se originó después de que el PAMI implementara un nuevo esquema de remuneración que establece una compensación mensual fija por cada afiliado asignado, independientemente del número de veces que los médicos lo atiendan. Según las estimaciones gremiales, para alcanzar un ingreso que permita sostener un consultorio alquilado, un médico debería tener asignados cerca de mil jubilados, una carga considerada inviable sin deteriorar la calidad de la atención y sin afectar la salud de los profesionales.
En Córdoba, el delegado organizador Atilio Rossi explicó que el pase al sistema puramente capitado puede implicar una reducción de ingresos cercana al 50%, aun cuando la demanda de consultas se mantenga o incluso aumente. Además, remarcan un incremento de exigencias administrativas que consume tiempo asistencial y demora la atención.
La crisis en el PAMI no solo afecta a los médicos, sino también a miles de adultos mayores que ya están sin cobertura sanitaria. La Plenario de Trabajadores Jubilados convocó a una concentración este miércoles frente a la sede del PAMI para visibilizar la falta de medicamentos, insumos y prestaciones.
La protesta no se limita al cese de actividades, sino que también incluye una movilización por la mañana a la sede central del PAMI y la posibilidad de avanzar hacia un paro indefinido si no se revisa la medida. Las organizaciones denuncian un proceso de vaciamiento del organismo, con cierres de clínicas, despidos y decisiones administrativas que priorizan la gestión de recursos por sobre las necesidades sanitarias.
La senadora Alejandra Vigo también impulsó un proyecto de declaración para expresar la preocupación del Congreso por los recortes y la falta de pago de prestaciones que están dejando sin cobertura a miles de adultos mayores. La iniciativa se da en un contexto de fuerte conflictividad en el sector, y es esperable que la situación siga evolucionando en los próximos días.