Uruguay ha dado un nuevo paso hacia la modernidad al convertirse en el primer país de América Latina en regular la eutanasia por ley. El presidente Yamandú Orsi firmó este miércoles el decreto reglamentario de la ley que regula la muerte médicamente asistida, luego de un proceso largo de debate y reflexión. La norma fue aprobada en el Senado uruguayo con 20 votos a favor y 11 en contra, contando con el respaldo del oficialismo y parte de la oposición.
La ley de muerte digna, como se conoce, habilita la eutanasia para personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o padezcan sufrimientos insoportables. Para acceder al procedimiento, se requerirá la evaluación de un primer y segundo médico y, en caso de discrepancias, la intervención de una junta médica.
La reglamentación prevé que solo puedan ofrecer la práctica las mutualistas, ASSE, seguros privados, el Hospital de Clínicas y Sanidad Militar y Policial, mientras que no estará habilitada en clínicas privadas. La muerte será considerada natural a efectos legales.
La decisión del presidente Orsi fue saludada por Carlos «Pecas» Soriano, médico emergentólogo y magíster en Bioética, quien destacó la importancia de contemplar el sufrimiento existencial en la ley. «Está dirigida a pacientes con enfermedades graves e incurables, con sufrimiento físico intenso e irreversible, y también contempla el sufrimiento existencial», explicó.
En contraste, en Argentina, las iniciativas para legalizar la eutanasia se encuentran estancadas. A pesar de que hubo un proyecto presentado en 2021, no se ha discutido en el Congreso desde entonces. Esto es lamentable, según Soriano, ya que hay pacientes que padecen sufrimientos irreversibles y no hay alternativa médica.
El caso del paciente Alfonso Oliva, quien sufrió de esclerosis lateral amiotrófica, es un ejemplo paradigmático. «¿Qué alternativa daba la ley vigente? ¿Retirarle la alimentación y dejarlo morir? Eso no resiste un análisis bioético», dijo Soriano.
La reglamentación en Uruguay marca un nuevo paso en la región y vuelve a poner en agenda un debate aún pendiente en Argentina, donde la ausencia de discusión legislativa contrasta con el avance normativo de los países vecinos.
