La Justicia ratificó el financiamiento universitario y obliga al Gobierno a aplicar la ley
La Cámara Contencioso Administrativo Federal rechazó la apelación del Gobierno nacional y confirmó la medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición Salarial. De esta manera, la Justicia vuelve a posicionarse a favor de las universidades públicas en medio de un conflicto que lleva meses de tensión.
El fallo exige la aplicación inmediata de los artículos 5 y 6 de la ley, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2025, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles.
Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán desestimaron los argumentos del Estado, que sostenía que la cautelar equivalía a una sentencia definitiva. Para el tribunal, ese planteo carece de solidez. También remarcaron que el impacto fiscal de la medida es bajo y que, lejos de afectar el interés público, protege un derecho esencial garantizado por la Constitución: la educación superior.
La medida había sido dictada en diciembre por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a más de 40 universidades públicas. En ese momento, el magistrado consideró que el Decreto 759/2025 —que suspendía la aplicación de la ley— presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Desde el Gobierno nacional, en tanto, insistieron en que la norma requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento y que esa facultad corresponde al Congreso. Además, advirtieron sobre posibles consecuencias en el equilibrio fiscal, argumentos que fueron rechazados por la Cámara.
El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, celebró el fallo y sostuvo que el Ejecutivo “debe cumplir con la ley vigente”. También advirtió que desobedecer la resolución judicial podría constituir un hecho de gravedad institucional. A su vez, señaló el fuerte deterioro salarial en el sistema universitario, donde —según afirmó— la mayoría de los trabajadores se encuentra por debajo de la canasta básica.
El conflicto por el financiamiento universitario escaló entre 2024 y 2025 con masivas movilizaciones en todo el país, especialmente en Buenos Aires, en rechazo al veto presidencial a la ley que ya había sido aprobada por el Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno evalúa impulsar una nueva normativa que modifique el esquema actual y logre consenso político, con el objetivo de encauzar la situación y garantizar tanto los recursos como la seguridad jurídica del sistema universitario.
