La votación dentro de la Cámara de Diputados fue marcada por una división entre los diputados cordobeses, con once legisladores apoyando la reforma y seis votos negativos. Entre los que se opusieron estuvieron Carlos Gutiérrez, Juan Fernando Brugge, Juan Schiaretti y Carolina Basualdo, todos miembros de Provincias Unidas, mientras que Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, y Natalia de la Sota, del bloque Defendamos Córdoba, también se pronunciaron en contra.
El resultado fue de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. Esta modificación a la ley vigente desde 2010 establecía un régimen de protección para glaciares y zonas periglaciales con intervención del CONICET como autoridad científica. La reforma aprobada modifica los criterios del Inventario Nacional de Glaciares y flexibiliza las condiciones para el desarrollo de actividades extractivas en áreas que antes quedaban fuera del alcance minero.
Los partidarios de la reforma argumentaron que la iniciativa «armoniza» competencias entre Nación y provincias y «aclara conceptos» sin afectar el paradigma de protección, con el objetivo de atraer inversión y generar empleo. Sin embargo, la oposición respondió con datos, destacando que los glaciares cubren solo el 1% de la cordillera argentina pero alimentan cuencas que abastecen a 7 millones de habitantes.
En este momento en que el sistema de investigación nacional atraviesa su peor crisis histórica, la aprobación de esta reforma abre un flanco de conflicto con el mundo científico. La situación actual es la más grave de la historia reciente, con una pérdida de casi el 50% del poder adquisitivo de los salarios científicos desde noviembre de 2023 y presupuestos de investigación paralizados.
En este contexto, muchos investigadores costean insumos de su propio bolsillo para no interrumpir sus proyectos. La plataforma «Cómo Votó», desarrollada por Rodrigo Quiroga, un investigador del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ilustra una paradoja: la ciencia argentina produce herramientas de valor cívico concreto en las mismas condiciones en que el Estado reduce su capacidad de sostenerla.
