En medio de la creciente polémica, se descubrió que el proyecto Baguales, una iniciativa que busca construir tres centrales hidroeléctricas en la cordillera, fue autorizado sin tratamiento legislativo previo por parte del Departamento Provincial de Aguas (DPA). La documentación oficial revela que la empresa Río Villegas S.A.U. recibió el permiso para utilizar agua pública con fines privados y energéticos, lo que genera cuestionamientos sobre el uso exclusivo de un recurso público estratégico.
La iniciativa, vinculada a capitales qataríes, se desarrolla en la zona de Lago Escondido, cercana al Parque Nacional Nahuel Huapi. La empresa beneficiaria del permiso es Baguales Acquisitions S.A., que reúne al empresario qatarí Abdulhadi Mana Al Hajri y el extenista argentino Gastón Gaudio, amigo de Mauricio Macri.
La controversia se centra en la autorización administrativa sin tratamiento parlamentario previo, lo que podría ser inconstitucional según el Código de Aguas. Además, se cuestiona la falta de audiencias públicas y la participación ciudadana en el proceso, pese a tratarse de una zona ambientalmente sensible.
La tensión creciente entre el manejo de los recursos naturales, la inversión extranjera y los mecanismos institucionales de control, ha generado una gran cantidad de cuestionamientos. La ausencia de intervención de organismos clave como la Fiscalía de Estado, el Ministerio de Gobierno, la Dirección de Tierras y el Registro de la Propiedad Inmueble genera inquietud sobre la eficacia o la voluntad del Estado para controlar operaciones de este tipo.
La magnitud de la operación, sumada a la sensibilidad geopolítica del territorio involucrado, convirtió el caso en un foco de tensión política con potencial impacto nacional. La falta de transparencia y la ausencia de participación ciudadana han generado una gran cantidad de cuestionamientos y alarmas sobre posibles delitos económicos y violaciones a la Ley de Tierras Rurales.
La situación ha generado un debate político intenso, con voces que advierten sobre la cesión de grandes extensiones de territorio y recursos naturales a intereses privados extranjeros. La cuestión también ha sido objeto de análisis por parte de expertos en temas ambientales y jurídicos.
En este contexto, el gobierno de Alberto Weretilneck se ve envuelto en una gran cantidad de críticas y cuestionamientos sobre su capacidad para controlar operaciones de este tipo. La situación sigue sin resolver y genera inquietud sobre la estabilidad del Estado provincial y la protección de los recursos naturales.
