La crisis educativa en Argentina sumó un nuevo capítulo de tensión esta semana, después de que el Ministerio de Capital Humano y las autoridades universitarias intercambien acusaciones sobre la situación actual. El Ministerio, a través de una comunicación oficial, puso el foco en la pérdida de días de clase por paros docentes, mientras que las universidades públicas responsabilizaron al Gobierno por el desfinanciamiento del sector.
La Subsecretaría de Políticas Universitarias informó que ha «intimado a los rectores de las Universidades Nacionales a que informen las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios que son víctimas de los paros impulsados por los gremios». El comunicado oficial del Ministerio expresó una «extrema preocupación» por la suspensión total de actividades en diversas facultades del país y exigió un plan de contingencia que incluya modalidades alternativas para permitir que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido.
Sin embargo, las universidades públicas no se dejaron intimidar y respondieron con una comunicación oficial propia. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), utilizó un tono irónico para profundizar las críticas hacia la gestión del Ministerio. «Celebramos que por primera vez el Ministerio de ‘Capital Humano’ reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación», dijo Yacobitti.
El dirigente radical sostuvo que el riesgo sobre los derechos constitucionales no surge de las protestas gremiales, sino de la falta de presupuesto. «Esto ocurre porque el Gobierno nacional no solo carece de un plan educativo claro y consistente, sino que además desfinancia y desarticula el sistema, llevando adelante una política educativa ilegal al incumplir la Ley de Financiamiento Universitario», afirmó.
Yacobitti recordó que dicha ley fue ratificada por la Justicia y subrayó que las instituciones permanecen operativas únicamente por el compromiso de sus trabajadores. «Las universidades siguen abiertas, sostenidas por el enorme esfuerzo de profesores, investigadores y no docentes», dijo.
La respuesta del Ministerio a la crítica de Yacobitti no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo exigió a las autoridades académicas un plan de contingencia que incluya modalidades alternativas para permitir que los estudiantes recuperen el dictado de clases perdido.
Parece que el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas se encamina hacia una nueva demostración de fuerza en el espacio público. Yacobitti advirtió que los intentos del Gobierno por responsabilizar a los rectores no desactivarán el reclamo salarial y presupuestario. «No van a desviar el eje de la discusión con provocaciones. El próximo 12 de mayo vamos a ser miles en las calles, porque la universidad pública es un orgullo de toda la Argentina», concluyó.
La convocatoria a lo que se espera sea una masiva movilización nacional en defensa de la educación pública sigue en vigor y parece que el conflicto no tendrá un fin rápido.
