La decisión del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar el practicaje y favorecer a las empresas extranjeras, ha generado una gran controversia en el sector y en la Armada argentina. Según fuentes del sector, el decreto no fue consultado ni con los marinos ni con el ministro de Defensa, Carlos Presti.
El practicaje es un servicio vital para la economía argentina, ya que permite la navegación segura y eficiente de buques en los ríos y mares del país. Sin embargo, según los empresarios navieros, Sturzenegger ha eliminado el practicaje sin tener en cuenta las consecuencias que esto tendrá para la seguridad marítima y la economía nacional.
«Sturzenegger interviene en un sector que no conoce, busca perjudicar sectores argentinos marítimos y fluviales en beneficio de 5 empresas extranjeras que no invierten ni gastan en Argentina», sostiene un importante empresario naviero. «Los Sturzeneggers son economistas que te generan una recesión por destruir sectores argentinos y luego culpan el proteccionismo cuando ya vienen hace dos años con medidas pro-extranjeras».
Según este empresario, la reducción de las tarifas de practicaje no tiene como resultado la disminución del costo de los fletes marítimos. «El Baltic Dry Index (referencia de fletes de graneles) subió un 50% en los 18 meses siguientes, impulsado por demanda china de commodities», agrega.
Otro empresario naviero sostiene que el decreto está escrito con un total desconocimiento de la actividad y conceptos erróneos. «Bajar la tarifa del practicaje no baja el precio de los fletes. El error económico no resulta ser el único visible», afirma.
En el sector, se sostiene que la eliminación del practicaje generará daños ecológicos y en infraestructura, con consecuencias sobre el aumento de los seguros o como se verá la vida afectada con derrame de combustible. «Cuando el practicaje dejó de funcionar en Alaska, costó USD 12 mil millones y años de daño ambiental irreversible», sostiene un práctico de Rosario.
La Armada argentina también se ha manifestado en contra del decreto. Según fuentes del sector, los marinos no fueron consultados ni con el gobierno ni con el ministro de Defensa.
En especial, se sostiene que el decreto está escrito sin considerar las estipulaciones internacionales que regulan la navegación marítima y la seguridad jurídica. «Un sistema de practicaje degradado no ahorra: transfiere el costo del riesgo al seguro y el seguro lo transfiere de vuelta al armador, a la terminal y en última instancia al productor exportador, en perjuicio de la economía nacional», afirma un empresario naviero.
Finalmente, se sostiene que Argentina debe mirar hacia modelos como Brasil, Singapur y la Unión Europea para modernizar su sistema de practicaje dentro de un marco regulatorio fortalecido. «El practicaje argentino no necesita desregulación, necesita modernización dentro de un marco regulatorio fortalecido», concluye.
