Villa la Angostura, Neuquén – La orden judicial para desalojar a una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó en suspenso debido a la falta de personal policial para ejecutar la medida. El juez Francisco Astoul Bonorino había definido el desalojo para el lunes 30 de marzo, pero cuando los oficiales de justicia y la policía llegaron al predio, se encontraron con un pequeño número de efectivos que no eran suficientes para llevar a cabo el operativo.
La propiedad en cuestión había sido objeto de usurpación desde fines de 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó sin autorización y tomó posesión de las tierras y edificaciones. La propietaria, María Cristina Broers, ha intentado recuperar la posesión de las tierras sin éxito, a pesar de que más de 15 jueces han confirmado la irrupción ilegal de la comunidad.
El líder de la comunidad mapuche, Lucas Melo, admitió que se reunió con el gobernador provincial, Rolando Figueroa, días atrás y le anticipó que el desalojo no se iba a concretar. La defensa de la propietaria consideró este desarrollo como «un papelón histórico» y reclamó que es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme.
La comunidad mapuche en cuestión, liderada por la familia Melo y Quintriqueo, sostiene que tienen un derecho territorial a las tierras desde 1928, aunque este derecho nunca fue documentado. La defensa de la propietaria asegura que la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria al derecho.
Este caso no es el único en el que el gobierno provincial ha garantizado la permanencia de los intrusos y dilatado la expulsión de los usurpadores. Otro ejemplo es el caso de la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, que tiene sentencia de desalojo y orden judicial para ejecutarlo, pero no ha podido hacerlo debido a la falta de apoyo policial.
La situación se repite en otros casos similares, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili. La falta de acción del gobierno provincial para resolver estos conflictos y garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales es objeto de críticas y reclamaciones por parte de la sociedad civil y los afectados directos.
