Un relato emotivo y denunciatorio de la situación de los extranjeros privados de libertad en el país, que busca aportar elementos clave para acreditar la existencia de una práctica sistemática de represión por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Nahuel Gallo, un gendarme argentino, prestó declaración testimonial ante la Justicia Federal esta semana, relató las circunstancias de su detención y los tormentos sufridos durante 448 días en los que estuvo privado de su libertad.
Gallo describió lo vivido como «un infierno» y sostuvo que su caso no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un engranaje represivo mayor. Durante la audiencia virtual que se extendió por más de tres horas, el gendarme relató ante el juez Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli las condiciones de aislamiento prolongado y una total falta de información sobre los motivos legales de su detención durante gran parte de su encierro. Aseguró que su testimonio no es un posicionamiento político, sino el relato de una vivencia personal.
Gallo manifestó que su decisión de avanzar con la denuncia judicial tiene como objetivo obtener justicia tanto para él como para otras víctimas en situaciones similares. «Este es mi momento de exigir Justicia. Por mí, por mi familia y por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno», sostuvo. La declaración aportó información técnica y fáctica que el juzgado considera relevante para determinar el modus operandi de las fuerzas de seguridad venezolanas en relación con ciudadanos extranjeros.
El gendarme enfatizó la importancia de visibilizar la situación de otras personas que permanecen detenidas en territorio venezolano. «La verdad es que esto no puede seguir pasando», reclamó desde la sede judicial, añadiendo que su testimonio también busca dar voz a quienes aún no pueden hacerlo: «Mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando».
Con su testimonio, Gallo espera contribuir al proceso de justicia y libertad para los extranjeros afectados por la situación en Venezuela. La causa en la que testificó se tramita bajo el principio de jurisdicción universal, una figura jurídica que faculta a los estados a investigar y juzgar crímenes internacionales graves, como la tortura y los delitos de lesa humanidad, independientemente del lugar donde ocurrieron o la nacionalidad de los implicados.
