El pasado lunes, el Ministerio de Seguridad de la Nación publicó la Resolución 336/2026, que autoriza la instalación de dispositivos de detección y bloqueo de teléfonos celulares en cárceles federales. La medida tiene como objetivo evitar el uso indebido de tecnologías de comunicación por parte de personas privadas de la libertad y reforzar las estrategias de prevención, disuasión y neutralización de conductas que representan un riesgo para la seguridad pública.
Según se establece en la normativa, los equipos permitirán identificar y bloquear señales asociadas a códigos IMEI, que identifican a cada dispositivo, y IMSI, que corresponden a los usuarios de redes móviles dentro del sistema global de comunicaciones conocido como GSMA. La decisión es un paso más en la lucha contra el accionar de organizaciones criminales que, desde el interior de las prisiones, logran coordinar maniobras ilícitas mediante el uso de celulares.
En ese sentido, la resolución subraya la importancia de adoptar medidas más estrictas para frenar el accionar de estos grupos y garantizar la seguridad pública. Para llevar adelante la implementación, se instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente del Ministerio de Seguridad, a gestionar los procesos de adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los dispositivos.
Asimismo, se deberán realizar ajustes técnicos específicos para evitar que el bloqueo de señal afecte zonas externas a los establecimientos penitenciarios. En paralelo, el Gobierno también aprobó un manual de procedimientos que regula el uso de esta tecnología en el ámbito carcelario, estableciendo criterios operativos para la detección y bloqueo de IMEI e IMSI dentro de las unidades federales.
La medida entró en vigencia este mismo 20 de abril y forma parte de una política más amplia orientada a reforzar los controles intramuros y limitar las capacidades de comunicación ilegal desde los centros de detención. En este sentido, el ministro de Seguridad, Pettovello, destacó la importancia de adoptar medidas efectivas para combatir la coordinación de delitos desde dentro de las prisiones.
En la práctica, la medida busca reducir significativamente la capacidad de los reclusos para comunicarse con personas externas y organizar actividades ilícitas. Al mismo tiempo, se espera que la instalación de dispositivos de bloqueo de celulares contribuya a crear un ambiente más seguro y controlado dentro de las prisiones.
La implementación de esta medida es parte de una política más amplia para reforzar los controles intramuros y limitar las capacidades de comunicación ilegal desde los centros de detención. Es importante destacar que la seguridad pública depende en gran medida del éxito de estas medidas, lo que justifica el esfuerzo realizado por el Gobierno para implementarlas efectivamente.
