La Sala IV del fuero Contencioso Administrativo Federal dictaminó que la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal es competente para tratar la demanda impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos (CGT) contra las modificaciones de la Ley Laboral. La decisión fue tomada después de un planteo del Estado Nacional, que consideró que la causa debía tramitar en este fuero y no en el laboral.
La discusión se originó cuando la CGT inició una acción en rechazo a las modificaciones de la Ley Laboral, lo que llevó al Estado Nacional a solicitar la inhibitoria para que el juez Raúl Ojeda dejara de intervenir en el reclamo. Sin embargo, el magistrado rechazó el pedido y elevó la discusión a la Cámara del Trabajo, algo que el propio Gobierno había reclamado que no correspondía.
La Sala IV calificó el trámite adoptado por el juez laboral como «irregular» y destacó que omitió comunicar su decisión a la jueza requirente. En lugar de elevar la causa al tribunal competente, el juez laboral decidió remitir las actuaciones a la Cámara Nacional del Trabajo.
Los integrantes de la Sala IV argumentaron que el tribunal competente para resolver el conflicto «no puede quedar sometido a un procedimiento deformado y a expensas del trámite que libremente decida aplicar uno de los órganos intervinientes de contienda». En lugar de eso, sostuvieron que la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal es competente para entender en las actuaciones, ya que la materia en debate «atañe a cuestiones que se relacionan con facultades inherentes a uno de los poderes del Estado».
La Sala IV también destacó que los efectos de un pronunciamiento sobre la pretensión se proyectarán también sobre el Estado Nacional en su calidad de «empleador» en todos los aspectos que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la ley cuestionada.
En resumen, la Sala IV del fuero Contencioso Administrativo Federal decidió que la justicia nacional en lo contencioso administrativo federal es competente para tratar la demanda impulsada por la CGT contra las modificaciones de la Ley Laboral. La decisión fue tomada después de un planteo del Estado Nacional y fue apoyada por el fiscal ante la instancia, Rodrigo Cuesta.
