En un contexto previo a la marcha federal universitaria, el Ministerio de Capital Humano confirmó que se establecerá una instancia de diálogo con rectores de diferentes instituciones educativas para debatir la distribución de recursos destinados a hospitales universitarios y reforzar la transparencia en el uso de los fondos públicos. Según explicaron las autoridades, gran parte de la información del sistema universitario depende del Consejo Interuniversitario Nacional, lo que ha dificultado durante años el acceso público a los datos sobre financiamiento, rendimiento académico y costos por alumno.
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que el Gobierno busca implementar un sistema más transparente y eficiente, acompañado por la creación de una plataforma digital donde cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los recursos asignados a las universidades públicas. «Hace tiempo no se realizaban análisis sobre el costo real por estudiante y por graduado, indicadores que consideramos fundamentales para evaluar el funcionamiento del sistema universitario», enfatizó Álvarez.
Además, el Ejecutivo cuestionó la ley de financiamiento universitario aprobada el año pasado y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Álvarez argumentó que la norma perdió vigencia tras la aprobación del Presupuesto y aseguró que algunos de sus artículos implicarían incrementos salariales imposibles de afrontar en el actual contexto económico.
En relación con los hospitales universitarios, el Gobierno informó que durante abril se transfirieron más de 150 millones de pesos para su funcionamiento habitual, aunque no se giraron fondos extraordinarios que anteriormente se distribuían como refuerzo. La intención oficial es revisar ese esquema mediante acuerdos con todas las universidades involucradas y dejar atrás, según remarcaron, criterios basados en «lobby político».
Otro de los puntos planteados por el Gobierno estuvo vinculado a la situación de los estudiantes extranjeros. Las autoridades cuestionaron que, pese a la habilitación legal vigente, ninguna universidad haya comenzado a cobrar matrícula a alumnos que no sean argentinos ni residentes permanentes.
La intención oficial es revisar el sistema y dejar atrás criterios basados en «lobby político». Según explicaron las autoridades, actualmente existen más de 1,9 millones de estudiantes universitarios en todo el país, aunque menos de la mitad mantiene una condición académica regular.
En última instancia, la ministra Sandra Pettovello insistió en que el Gobierno pretende dar una «batalla cultural» para explicar a la ciudadanía cómo se utilizan los recursos destinados a la educación superior y reiteró que la administración nacional no busca cerrar universidades públicas, sino reformar los mecanismos de financiamiento y control.
